Ante la preocupación de los padres de familia por las irregularidades que suelen presentarse con los listados de útiles escolares, y como resultado de la campaña que lanzó la Defensoría del Pueblo para que los ciudadanos dieran a conocer sus inconformidades en esta materia, el Defensor, le pidió al Ministerio de Educación investigar y evaluar posibles sanciones contra algunos colegios que estarían violando la normatividad en este sentido.
Durante los últimos 10 días, la Defensoría ha recibido denuncias directas en las diferentes regionales de la Institución, así como a través de la página www.defensoria.gov.co, en la cual se habilitó un sitio especial para la campaña, donde llegaron quejas que comprometen a por lo menos 13 instituciones educativas, la mayoría de ellas de Bogotá, y otras de Santa Marta, Cúcuta, Pereira, Villavicencio, Cartagena, Popayán, Puerto Asís y el municipio de Soacha, al sur de la capital de la República.
En su mayoría, las inconformidades están relacionadas con la solicitud de materiales que en opinión de los padres de familia no van a ser utilizados por sus hijos, algunos de ellos en preescolar y párvulos, donde les piden, entre otras cosas, resmas de papel, rollos de papel higiénico hasta en paquetes de 12 unidades, cuadernos para niños de guardería y bolsas de la basura, por citar algunos ejemplos.
Sin embargo, hay denuncias que van más allá de los listados y tienen que ver con conductas y requerimientos que claramente contravienen las disposiciones legales, como la suscripción obligatoria a paquetes virtuales que deben ser adquiridos en sitios específicos, la imposición de guías para talleres y evaluaciones cuyo costo anual se aproxima a los 350 mil pesos sin la posibilidad de fotocopiarlas, el cobro de cifras cercanas al millón de pesos solamente por materiales, la inclusión de textos importados en el valor de la matrícula generando incrementos que llegan al 38 por ciento, y cuotas de hasta 200 mil pesos para la sistematización de notas, tema que es de competencia y responsabilidad exclusiva de los colegios.
Así mismo, la normatividad vigente respecto a los útiles y materiales escolares establece que:
– Los colegios no pueden solicitar materiales de dotación que deben ser provistos por las instituciones, como sucede con los elementos de aseo.
– No pueden exigir marcas específicas ni la compra en lugares exclusivos.
– Los materiales no deben ser entregados a los colegios, puesto que pueden ser administrados desde cada uno de los hogares.
– Todos los materiales deben ser esenciales para el desarrollo de los programas académicos.
En virtud de lo anterior, la Defensoría del Pueblo extendió la solicitud elevada al Ministerio de Educación, a las Secretarías territoriales a atender las denuncias de los padres de familia.
