La responsabilidad de los partidos políticos al momento de entregar avales a sus candidatos quedó en el centro del debate por el caso de Luz Verónica Estrada. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, cuestionó la actuación del Pacto Histórico frente a las presuntas irregularidades relacionadas con los títulos académicos de la representante a la Cámara y consideró que la colectividad debe revisar sus mecanismos internos de verificación.
En entrevista con La FM, Hernández sostuvo que no basta con rechazar públicamente lo ocurrido o solicitar la renuncia de la congresista. A su juicio, el partido debe revisar cómo está comprobando las credenciales de las personas que reciben sus avales y qué controles aplica antes de respaldar sus candidaturas.
«Me parece que actúa más en términos de poder proteger una curul en el Congreso que realmente hacer algún tipo de acto interno de revisión de sus procedimientos, de verificación de qué es lo que está sucediendo realmente en esos procesos de aval», afirmó.
El directivo también calificó el caso como un episodio lamentable y advirtió que este tipo de situaciones afectan la confianza de los ciudadanos en quienes llegan a ocupar responsabilidades públicas.
Cuestionamientos por la falta de avances en la Fiscalía
Uno de los puntos abordados durante la entrevista fue la denuncia que presentó la Universidad Nacional ante la Fiscalía General de la Nación el 20 de noviembre de 2025, luego de conocer el presunto uso fraudulento de la imagen de un diploma atribuido a esa institución.
El rector José Ismael Peña confirmó en entrevista con La FM que la universidad radicó la denuncia y posteriormente la ratificó el 4 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, manifestó su preocupación por la falta de avances conocidos en la investigación.
Al respecto, Hernández consideró que la congestión y las limitaciones de capacidad de la Fiscalía no pueden convertirse en una justificación para que este tipo de procesos no avancen oportunamente.
«Hay muchas razones por las cuales las noticias criminales puede que no estén avanzando lo suficiente en la Fiscalía, hay razones de congestión, hay razones de falta de capacidad, pero nada de eso debería justificar que no se pueda avanzar ágilmente en este tipo de denuncias», afirmó.
El director de Transparencia por Colombia también señaló que la investigación debería ir más allá de un caso particular y analizar si existen patrones de irregularidades relacionados con los títulos académicos de personas que ocupan cargos públicos.
En ese sentido, recordó que en los últimos años se han conocido otros casos de funcionarios cuestionados por situaciones similares y consideró importante que las autoridades examinen si se trata de un fenómeno más amplio.
¿Qué responsabilidad tiene el Pacto Histórico en el caso de Luz Verónica Estrada?
Durante la conversación también se le preguntó a Hernández si el partido político que otorgó el aval a Luz Verónica Estrada debe asumir algún tipo de responsabilidad frente a las presuntas irregularidades.
Para el directivo, la responsabilidad política de las colectividades es fundamental, especialmente cuando sus candidatos terminan involucrados en controversias relacionadas con sus credenciales académicas.
«Quienes terminan entregando sus avales, quienes terminan de alguna manera también logrando un rédito político cuando estamos en controversias como estas no terminan de asumir de manera suficiente esa responsabilidad», sostuvo.
Hernández se refirió a la posición del Pacto Histórico frente al escándalo. Aunque reconoció que la colectividad había manifestado su rechazo y, según indicó, le había solicitado la renuncia a la congresista, consideró que la respuesta debería incluir una revisión más profunda de sus procedimientos internos.
A su juicio, el partido tendría que revisar cómo está verificando los documentos y las credenciales de las personas que reciben sus avales, en lugar de limitar su actuación a una reacción frente a la controversia.
El director de Transparencia por Colombia insistió en que el alcance de esa revisión debería ser mayor, teniendo en cuenta otros cuestionamientos que han surgido en el escenario político. También recordó que corresponde a la ciudadanía ejercer una sanción política cuando considere que existen motivos para hacerlo.
Un llamado a fortalecer el servicio público
Más allá del caso de la representante, Hernández advirtió que las presuntas irregularidades en documentos académicos de personas que llegan a cargos públicos evidencian la necesidad de fortalecer los controles institucionales.
Según explicó, estas situaciones no solo pueden representar un engaño para las entidades que vinculan a los funcionarios, sino también para la ciudadanía, que confía en la trayectoria y preparación de quienes asumen responsabilidades públicas.
«Volver a poner en el centro de la discusión en el país la necesidad de fortalecer y profesionalizar nuestro servicio civil y, por supuesto, rechazar todas estas manipulaciones y presuntos delitos que hay detrás de este nuevo acto», concluyó.
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