El documento señala que el Consejo Superior de la Judicatura solicitó $17,5 billones para atender las necesidades de la Rama Judicial durante 2027, pero el presupuesto contemplado sería de $11,5 billones. Según los jueces y magistrados, esa diferencia “pone en inminente riesgo la atención de urgencias inaplazables del sector, como la creación de cargos permanentes y transitorios, para atenuar en algo la sobrecarga laboral y reducir los tiempos de respuesta esperados por los usuarios de la justicia”.
En medio de las movilizaciones que se desarrollan a esta hora a nivel nacional y en las que han venido participando distintos sectores sindicales, sociales y políticos, jueces y magistrados de Medellín y Antioquia también se sumaron a la jornada para reclamar al Gobierno y al Congreso que respeten la autonomía judicial y garanticen los recursos necesarios para el funcionamiento de la justicia.
A través de un comunicado divulgado, la judicatura antioqueña informó que se congregó junto con delegados de la Fiscalía General de la Nación para expresar su preocupación por los recortes presupuestales y las medidas incluidas en el proyecto de Ley de Rescate Económico.
El documento señala que el Consejo Superior de la Judicatura solicitó $17,5 billones para atender las necesidades de la Rama Judicial durante 2027, pero el presupuesto contemplado sería de $11,5 billones.
Según los jueces y magistrados, esa diferencia “pone en inminente riesgo la atención de urgencias inaplazables del sector, como la creación de cargos permanentes y transitorios, para atenuar en algo la sobrecarga laboral y reducir los tiempos de respuesta esperados por los usuarios de la justicia”.
Como argumento sobre el aumento de la demanda de justicia, los funcionarios señalaron que en 2025 se presentaron 1.202.436 acciones de tutela y que durante 2026 se han radicado cerca de 6.000 por día.
También cuestionaron una propuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) para reducir en 10% los cargos de la Rama Judicial, la Fiscalía y los órganos de control.
Asimismo, los funcionarios señalaron que las medidas tributarias contempladas en el proyecto de Ley de Rescate Económico podrían disminuir los ingresos de los servidores judiciales, debido a cambios en la base gravable del impuesto de renta y al aumento de los aportes a la seguridad social.
También reclamaron al Ministerio de Hacienda los recursos para pagar la bonificación judicial como factor salarial, establecida en la Ley 2594 de 2026.
GOBIERNO ESTUDIARÁ DOS PROPUESTAS PARA FINANCIAR LA RAMA
Por su parte, el presidente Abelardo De la Espriella anunció que su Gobierno estudiará dos alternativas para garantizar los recursos de la Rama Judicial durante 2027, luego de una reunión con representantes de las altas cortes, que advirtieron un faltante de al menos $1,5 billones para el funcionamiento del sector.
De acuerdo con el anuncio hecho por el mandatario durante la instalación del XXIX Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria, en Cali, una de las opciones consiste en estudiar un mecanismo de arancel judicial que contribuya a financiar la administración de justicia.
El mandatario dijo estar dispuesto a examinar la propuesta y avanzar en ella, “siempre que no se convierta en un obstáculo para quienes necesitan acudir ante los jueces y los tribunales”.
La segunda alternativa está relacionada con la exención tributaria que beneficia a determinados funcionarios judiciales. Sobre este punto, el presidente aseguró que pidió mantenerla porque considera importante “proteger las condiciones económicas” de quienes administran justicia.
“Seguiré trabajando con la Fiscalía, con los órganos de control, con las altas cortes para estudiar estas iniciativas y encontrar en medio de tanta adversidad económica las soluciones más adecuadas”, señaló.
Frente a este anuncio, el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis sostuvo que “el Gobierno se comprometió a mirar esas alternativas y de alguna de ellas o de otras que ellos consideren va a salir el dinero (…) para que al menos por el otro año la Rama Judicial pueda tener un financiamiento distinto y que no dependa del presupuesto nacional”.
En otro de los puntos de su intervención, el mandatario agregó que se encuentra preocupado por “la demora en la administración de justicia” y señaló que, aunque cada proceso tiene sus tiempos, “eso no puede justificar demoras interminables”, menos aun cuando se trata de procesos tan importantes como la pensión o la inasistencia alimentaria.
“Una sentencia que llega después de muchos años puede perder parte de su utilidad. Los ciudadanos necesitan que sus derechos sean reconocidos y protegidos”, señaló el mandatario.
Además del asunto presupuestal, el mandatario aseguró que mantendrá su promesa de respetar las decisiones de los jueces, incluso cuando sean contrarias a los intereses de su Gobierno, y agregó que aunque reconoce la separación de poderes, su gobierno mantendrá “una relación de cooperación” con la rama judicial, “sin interferir en las decisiones que correspondan exclusivamente al fuero de los jueces”.
“Jamás utilizaré la autoridad de mi cargo para presionar a un juez o intentar que resuelva conforme a mis preferencias. De eso puede estar segura la justicia colombiana”, afirmó.
El XXIX Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria, denominado Justicia, Sociedad y Democracia, se desarrolla en Cali con la participación de magistrados de distintas partes del mundo y autoridades nacionales y regionales, entre ellas el alcalde Alejandro Eder, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, y la fiscal general, Luz Adriana Camargo./Colprensa

