La Justicia Especial de Paz (JEP) ganó, por ahora, una importante «batalla legislativa» al hundirse el trámite de dos reformas constitucionales que buscaban anticipar su fin para el año 2028 y no el 2033, como también que sus fallos con respecto a los militares se pudieran revisar por otra corte.
El primero de ellos es el que presentó el principal senador del abelardismo, Enrique Gómez Martínez, quien había radicado una enmienda a la Constitución para que la JEP, terminará su función en el año 2028 y no en el 2033, como se consagró en la reforma que creó a la misma en el marco de la firma del acuerdo de paz.
Aunque Gómez sostuvo que el proyecto se hundió por una “maniobra” del petrismo, lo cierto es que la iniciativa no le alcanza el tiempo para cumplir los cuatro debates que debía tener antes del 16 de diciembre, día en que cierran las sesiones ordinarias. El proyecto sólo tuvo su primera aprobación en la Comisión Primera del Senado, de allí avanzó a la plenaria del Senado, pero en la misma no ha podido ser discutida.
Gómez sostiene que la reforma se hundió porque en la plenaria del miércoles el Pacto Histórico rompió el quórum, con lo cual se tuvo que levantar la sesión; sin embargo, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, informó que la sesión se levantó porque había problemas con el sistema con el operan los equipos del Senado y permiten su grabación.
Para Gómez, “así maneja las cosas la izquierda, no quiere que le quiten su botín burocrático, el templo de impunidad, ese donde se persigue y no hay garantías para la fuerza pública”. El senador sostuvo que volverá a radicar el próximo año el proyecto. Sin embargo, el reglamento es preciso en decir que un acto legislativo que se hunda deberá espera un periodo para que se pueda volver a radicar.
Otro acto legislativo que no prosperó es el que buscaba, por parte del Centro Democrático, que una corte diferente a la JEP, pudiera revisar los fallos que se han expedido en donde estén comprometidos militares. Este proyecto incluso no alcanzó a tener ni ponencia.
También no pasará la reforma constitucional que buscaba crear un impedimento a que quienes hayan sido alcaldes de Bogotá, si desean aspirar a la Presidencia de la República, no podrán hacerlo en el periodo inmediatamente después de que hayan terminado.
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