La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 028 de 2026 ante el riesgo extremo para las comunidades de seis municipios del Oriente antioqueño por la disputa territorial entre el Frente Gener Morales, del autodenominado Estado Mayor de los Gaitanistas (EGC), y el grupo delincuencial El Mesa, vinculado al Cuerpo Colegiado de la Oficina.
De acuerdo con el documento, las disputas se concentran en corredores rurales que conectan los municipios de La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño, y que son estratégicos para la movilidad de los grupos armados y el control de actividades económicas legales e ilegales.
Según la Defensoría, el Frente Gener Morales mantiene presencia permanente en esos corredores, mientras que El Mesa tiene una presencia intermitente, principalmente en zonas limítrofes y puntos de conexión.
La confrontación ha derivado en mecanismos de control sobre las comunidades, como restricciones a la movilidad nocturna, retenes ilegales, censos, citaciones obligatorias y vigilancia mediante informantes.
También se han registrado presiones e intimidaciones contra integrantes de juntas de acción comunal para influir en sus decisiones y en la elección de sus directivas.
Según las cifras que ha podido documentar la entidad para emitir la alerta, entre 2020 y 2025 se registraron 419 homicidios en los seis municipios. Para enero-julio de 2026, Abejorral reportó 12 homicidios; Sonsón, 13; La Unión, 12; El Carmen de Viboral, 16; y Nariño, cuatro.
Asimismo, documentó hechos de violencia selectiva y masacres, así como la desaparición de personas y la quema de un vehículo de transporte público en la vía La Unión-Sonsón.
La alerta advierte, además, sobre la presión económica que ejercen estas estructuras mediante extorsiones a actividades cafeteras, ganaderas, floricultoras y de producción de aguacate, así como sobre el control de la minería de oro y los circuitos de microtráfico.
En el caso de niñas, niños y adolescentes, identifica riesgos de reclutamiento y utilización mediante ofertas laborales engañosas, distribución de drogas cerca de colegios y traslados para recibir instrucción militar.
Entre la población más expuesta están las comunidades campesinas de veredas y corregimientos dispersos, líderes sociales y comunales, mujeres rurales, jóvenes y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.
También se encuentran en riesgo mineros tradicionales, comerciantes, transportadores, docentes y personal de salud que desarrolla sus labores en las zonas rurales.
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