Los comités técnicos estaban integrados por militares, bajo la dirección de un brigadier general del Ejército Nacional, quienes realizaron visitas y pruebas tecnológicas en distintos países.
El Comité Técnico del Proyecto Escudo Nacional Antidrones recomendó no comprar las tecnologías evaluadas para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública frente a los ataques con drones, luego de concluir que ninguna de las soluciones probadas cumplió integralmente los requerimientos operacionales del país.
En el balance de gestión del Sector Defensa 2022-2026 quedó consignado que recomendar una adquisición en esas condiciones implicaría aceptar brechas de capacidad y trasladar al Estado riesgos operacionales, técnicos, de integración y sostenimiento.
Por esta razón, el Comité Técnico recomendó cerrar formalmente la fase de evaluación, mantener vigente la necesidad operacional y conservar la arquitectura multicapa del proyecto. También estableció que cualquier adquisición debía esperar hasta contar con requisitos formalizados, recursos ciertos y tecnologías que demostraran el desempeño operacional requerido.
El proyecto contemplaba una inversión aproximada de $6,2 billones, con una primera fase estimada en $800.000 millones para 2026. Sin embargo, al cierre del gobierno anterior, esta etapa permanecía en fase exploratoria y de estructuración técnica.
Caracol Radio también conoció una comunicación de la Dirección de Contratación Estatal dirigida a los segundos comandantes de las Fuerzas Militares y al subdirector de la Policía Nacional, en la que se informó que no se había concretado ningún proceso de contratación centralizado. Por esta razón, se dejaron sin efectos los lineamientos de la Circular C20260331000182 del 31 de marzo de 2026, relacionados con la optimización de los recursos presupuestales para adquirir estos equipos.
La comunicación señala que el Ministerio de Defensa podrá emitir nuevas directrices para la planeación, estructuración y adquisición de sistemas de contramedidas para aeronaves no tripuladas (C-UAS), de acuerdo con las necesidades institucionales y la normativa vigente.
Entre las tareas pendientes para fortalecer esta capacidad quedaron la gestión de recursos, el avance del proyecto de ley antidrones, la regulación de Aerocivil y la implementación de medidas de protección física, como mallas en instalaciones militares y policiales.
El balance de gestión advierte que los drones han afectado la libertad de acción y la supervivencia de unidades militares y policiales en las zonas más críticas del país, por lo que mantiene como prioridad el desarrollo de capacidades para detectar, identificar y neutralizar estas amenazas.

