La Corte Constitucional ordenó suspender las actividades de extracción del proyecto minero Balastrera Tamabioy, en los ríos Putumayo y San Francisco, hasta que se adelante una consulta previa con las comunidades indígenas Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco.
Los titulares del proyecto que contempla la extracción de arenas, gravas y roca de los ríos son 19 integrantes de las comunidades, agrupados en la Asociación para la Conservación y Aprovechamiento de Minerales del Territorio del Pueblo Kamëntsá Ftumaijay.
La controversia llegó a la Corte después de que otros integrantes de los resguardos cuestionaran las autorizaciones otorgadas para desarrollar la actividad. Entre ellas estaban la delimitación de un área de reserva especial por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la decisión del Ministerio del Interior de declarar improcedente la consulta previa y la licencia ambiental temporal concedida por Corpoamazonia.
La Corte les dio la razón y señaló que esas actuaciones podían afectar directamente a las comunidades, pues el proyecto se desarrolla en su territorio y tiene consecuencias sobre el ambiente, las prácticas culturales y espirituales, así como sobre sus dinámicas sociales y económicas.
Al respecto, la sentencia estableció que las autoridades estatales vulneraron los derechos de las comunidades al adelantar esas actuaciones sin consultarlas previamente, incluso cuando quienes promueven el proyecto pertenecen a los mismos pueblos indígenas.
Como parte de las órdenes, la Corte dispuso que la ANM y los 19 titulares mineros suspendan inmediatamente cualquier actividad de extracción que se esté realizando en el área, hasta que se adelante la consulta previa. También dejó parcialmente sin efectos la resolución del Ministerio del Interior que había descartado la necesidad de ese procedimiento.
Antes de iniciar la consulta, el alto tribunal pidió a los cabildos Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco considerar la convocatoria de un espacio de diálogo interno, que podría realizarse en la Asamblea General o en el escenario que determinen sus normas y costumbres.
Una vez concluya esa deliberación, el Ministerio del Interior, la ANM y Corpoamazonia deberán convocar la consulta previa.
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