La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de emitir una sentencia histórica por los llamados falsos positivos en Dabeiba y otros municipios del noroccidente de Antioquia.
De acuerdo con la justicia transicional declaró máximos responsables a cinco antiguos integrantes de la fuerza pública por asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que fueron presentados falsamente como bajas en combate entre los años 2002 y 2006.
Esta decisión incluye 18 hechos que dejaron 35 víctimas directas y establece responsabilidades por delitos de desaparición forzada y asesinato, considerados crímenes de lesa humanidad, así como homicidio en persona protegida, que constituye un crimen de guerra.
Pero, ¿qué significa esta sentencia? Los cinco comparecientes reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad durante el proceso. Por eso, la JEP les impuso las llamadas sanciones propias, un mecanismo de justicia transicional que no significa impunidad, sino que contempla restricciones efectivas de derechos y libertades, además de la obligación de desarrollar trabajos, obras y actividades restaurativas para reparar, en lo posible, los daños causados a las víctimas y las comunidades.
¿Quiénes son los cinco militares sancionados?
En relación a la sentencia, hay que recordar que esta cobija a tres oficiales y dos suboficiales que tuvieron responsabilidades de mando y conducción de operaciones en unidades militares involucradas en estos crímenes.
Se trata del mayor Edie Pinzón Turcios, quien recibió una sanción de seis años y dos días; el capitán Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, sancionado con seis años y seis meses; y el mayor Efraín Enrique Prada Correa, quien deberá cumplir seis años, seis meses y diez días.
También fueron sancionados el sargento segundo y posteriormente viceprimero Jaime Coral Trujillo, con cinco años, seis meses y diez días, y el cabo primero y posteriormente sargento segundo William Andrés Capera Vargas, con cinco años, ocho meses y 25 días.
La JEP estableció que los crímenes involucraron integrantes de unidades como los batallones de Contraguerrillas número 79 y número 26.
¿Cómo operaba el patrón de los falsos positivos?
Uno de los aspectos más importantes de esta sentencia es que la investigación permitió identificar tres patrones criminales.
El primero consistía en asesinar a campesinos de la región, señalándolos de manera prejuiciosa de tener supuestos vínculos con la guerrilla. Estos crímenes se produjeron en un contexto de alianzas entre agentes estatales y grupos paramilitares.
Sumado a eso, se hizo referencia al segundo patrón, este involucraba a personas que ni siquiera eran de la región. Eran trasladadas bajo engaño desde lugares como Turbo y Medellín y posteriormente asesinadas para presentarlas como resultados operacionales de las unidades militares.
Además, el tercer patrón, que es el que estaba relacionado con la desaparición forzada. Después de los asesinatos, los cuerpos eran ocultados o llevados a cementerios municipales, particularmente al cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, y al cementerio municipal de Ituango.
Los hallazgos en el cementerio de Dabeiba
Precisamente, uno de los resultados más importantes de los aportes de verdad de los comparecientes fue la recuperación de 77 cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba.
De esos 77 cuerpos, 18 han sido identificados y 17 ya fueron entregados dignamente a sus familias.
Según la JEP, ese es un avance fundamental para las familias que durante años han buscado a sus seres queridos y que ahora tienen la posibilidad de conocer qué ocurrió con ellos, recuperar sus restos y darles sepultura.
La JEP también destacó que esta sentencia representa un reconocimiento a las víctimas, a sus historias y a los daños que sufrieron. Esneda Altamirano, tía de Jhon Jarvi Cañas Cano, una de las víctimas, aseguró que la decisión no es simplemente un documento jurídico, sino el reconocimiento de lo que ocurrió y de las afectaciones que dejó la violencia.
El magistrado ponente, Juan Ramón Martínez Vargas, calificó la sentencia como una respuesta judicial histórica frente a la tragedia humana que atravesó esta región de Antioquia.
Además, insistió en que las sanciones propias no representan impunidad, sino que hacen parte del modelo de justicia transicional establecido en el Acuerdo de Paz.
Nueve proyectos para reparar a las comunidades
Y aquí está otro de los puntos centrales de la decisión, los cinco antiguos integrantes de la fuerza pública tendrán que desarrollar nueve proyectos restaurativos en distintos municipios de Antioquia.
Las iniciativas fueron priorizadas junto con las víctimas y buscan que las sanciones se traduzcan en obras y acciones concretas para recuperar los territorios afectados por el conflicto.
Para entender en qué consiste, hay que tener en cuenta varios puntos, el primero es el que se relaciona con el mejoramiento y construcción de caminos en municipios como Dabeiba, Turbo, Carepa, Ituango, Frontino, Mutatá, Cañasgordas, Apartadó, Chigorodó y Buriticá.
Segundo, en labores de desminado humanitario en Dabeiba, Murindó, Mutatá y Turbo, para recuperar espacios afectados por las minas antipersonal y ofrecer mayores condiciones de seguridad a las comunidades.
En ese mismo sentido, se explicó que deberán reconstruir puentes sobre el río Sucio, en Dabeiba, y realizar una intervención restaurativa en la Terminal de Transportes del Norte de Medellín, un lugar identificado durante la investigación como escenario de reclutamiento bajo engaño de personas que posteriormente fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate.
A esto se suman murales, intervenciones artísticas y espacios de memoria en Dabeiba, Ituango, Carepa, Turbo y Medellín.
Otro proyecto busca recuperar el buen nombre de las víctimas y de los territorios que fueron estigmatizados. También habrá iniciativas productivas para las comunidades afectadas, una intervención integral en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba y nuevas acciones para buscar a las personas que continúan desaparecidas en las regiones de Urabá, el occidente antioqueño y el área metropolitana de Medellín.
¿Cómo deberán cumplir las sanciones?
Los proyectos tienen cronogramas que se extenderán desde diciembre de 2026 hasta octubre de 2034. Es decir, algunas de estas actividades se desarrollarán durante casi ocho años.
Los cinco comparecientes deberán cumplir sus labores de lunes a viernes, entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, con una hora de almuerzo.
Además, tendrán restricciones para movilizarse; cualquier desplazamiento por fuera de su lugar de residencia o de las zonas donde se ejecuten los proyectos deberá contar con autorización judicial.
Según la misma JEP, se busca que estas sanciones tengan un cumplimiento verificable y que las víctimas y las comunidades puedan participar y hacer seguimiento a las acciones de reparación.
En conclusión, esta sentencia marca un nuevo capítulo en el esclarecimiento de los falsos positivos en Antioquia. No solamente establece responsabilidades por 18 hechos y 35 víctimas, sino que también convierte los reconocimientos de verdad en obligaciones concretas de reparación.
La apuesta de la justicia transicional es que los responsables contribuyan a reconstruir caminos, recuperar territorios, buscar desaparecidos y devolverles la dignidad a quienes fueron asesinados y señalados falsamente como integrantes de grupos armados.
Para las víctimas, el verdadero alcance de esta decisión dependerá de que las sanciones se cumplan y se traduzcan en transformaciones reales en sus comunidades.
/la fm
