Federico Estrada García, gerente de la Lonja de Medellín y el excongresista Armando Zabaraín De Arce participaron en el panel sobre el proyecto de ley que busca regular y profesionalizar la actividad inmobiliaria en Colombia.
El tema fue analizado en el VI Encuentro Inmobiliario Santa Marta 2026.
La regulación del corretaje inmobiliario en Colombia, la profesionalización de quienes ejercen esta actividad y la generación de mayores garantías para los ciudadanos fueron algunos de los temas centrales del VI Encuentro Inmobiliario Santa Marta 2026, durante un panel dedicado al proyecto de Ley 242 de 2025, que busca establecer un marco normativo para el ejercicio de esta actividad económica.
En el espacio participaron el excongresista Armando Zabaraín De Arce, quien ha acompañado la iniciativa legislativa, y Federico Estrada García, gerente de la Lonja de Medellín, quienes expusieron los alcances de la propuesta y la importancia de establecer reglas claras para un sector que interviene en decisiones económicas de gran relevancia para las familias y los inversionistas.
Zabaraín explicó que la iniciativa ya superó su primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y cuenta con ponencia para segundo debate, por lo que manifestó su expectativa de que pueda avanzar en la plenaria antes de finalizar el año.
El excongresista destacó que uno de los propósitos fundamentales es formalizar y profesionalizar las transacciones inmobiliarias, tanto las que realizan las grandes compañías como aquellas operaciones familiares relacionadas con la adquisición de la primera vivienda.
«Queremos que esté garantizada con un sistema que permita que no haya fraudes», manifestó Zabaraín, al señalar que la regulación también busca prevenir el lavado de activos y otros delitos económicos asociados a las operaciones inmobiliarias.
Agregó que el país necesita un sistema que genere tranquilidad y confianza, en el que prevalezcan la transparencia y la honestidad en el manejo de los recursos.
PROPUESTAS DESDE EL MAGDALENA
Sobre el trámite legislativo, Zabaraín explicó que el representante Óscar Darío Pérez Pineda, autor y coordinador de la iniciativa, viene liderando su discusión en el Congreso. En ese sentido, expresó su confianza en que el proyecto pueda avanzar en segundo debate antes del 16 de diciembre de 2026 y completar su trámite legislativo durante el siguiente periodo.
El excongresista también abrió la posibilidad de incorporar planteamientos del sector inmobiliario del Magdalena al articulado, a partir de las inquietudes y observaciones recogidas durante el encuentro.
«Me gustaría que el núcleo inmobiliario del Magdalena pueda, con todas estas preguntas, armar algunas proposiciones que podamos incluir para que Óscar Darío las someta a discusión con su equipo», expresó, al considerar que las experiencias regionales pueden enriquecer la iniciativa.
PROFESIONALIZAR PARA GENERAR CONFIANZA
Por su parte, Federico Estrada García, gerente de la Lonja de Medellín, destacó que establecer requisitos para ejercer como corredor inmobiliario representaría beneficios tanto para los usuarios como para los profesionales del sector.
Según explicó, Colombia carece actualmente de un marco regulatorio específico que establezca condiciones para ejercer esta actividad, situación que hace necesario avanzar hacia un sistema de reconocimiento y requisitos para quienes intermedian en los negocios inmobiliarios.
«Somos el único país en Latinoamérica que no tiene un marco de requisitos para ejercer la actividad inmobiliaria», afirmó Estrada, quien aclaró que esto no significa desconocer la experiencia y el talento humano que actualmente acompaña a compradores y vendedores.
El directivo sostuvo que la profesionalización permitiría ofrecer mayor seguridad, confianza y transparencia en las negociaciones, al tiempo que contribuiría a dignificar una actividad que cumple un papel importante en el mercado de bienes raíces.
También explicó que no se trata simplemente de crear una tarjeta profesional, sino de reconocer que el corretaje inmobiliario es un oficio con un alto riesgo social y que, por esa razón, debe contar con requisitos claros para su ejercicio.
«Sin lugar a dudas será un beneficio muy grande para la comunidad», señaló, al referirse a la importancia de que las personas cuenten con profesionales preparados y sujetos a reglas claras cuando realizan inversiones tan significativas como la compra de una vivienda, un local comercial u otro tipo de inmueble.
El debate desarrollado en Santa Marta permitió poner sobre la mesa las expectativas del gremio regional frente a una iniciativa que, de convertirse en ley, modificaría las condiciones bajo las cuales se desarrolla el corretaje inmobiliario en Colombia, con implicaciones para los agentes, las empresas y, especialmente, los ciudadanos que participan en este mercado.
