El Consejo Nacional Electoral, CNE, insiste en tener la autonomía financiera. Así lo expresa en un proyecto de ley orgánica que los nueve magistrados del ente electoral radicaron ante el Congreso de la República en el que piden tener esa independencia, la cual habían alcanzado en la ley del presupuesto del 2027 que se hundió por un error de trámite y que obligó al gobierno a sacarlo por decreto.
El presidente del CNE, Juan Felipe Lemos, sostuvo que al aprobar esta ley “la Corporación podrá programar, administrar, ejecutar y hacer seguimiento directo a las apropiaciones que le sean asignadas, así como ejercer las facultades de contratación, compromiso y ordenación del gasto, a través del presidente del Consejo Nacional Electoral, en los términos previstos en la ley”.
Según el magistrado, “el proyecto responde a la ruta señalada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-116 de 2026, que declaró inexequibles los artículos 336 y 337 de la Ley 2294 de 2023 por razones relacionadas con el principio de unidad de materia. La Corte difirió los efectos de su decisión hasta el 1.º de enero de 2027 y señaló que el fortalecimiento de la autonomía presupuestal del CNE puede tramitarse mediante una ley orgánica”.
Reiteró que “la autonomía presupuestal no es un privilegio, es una garantía para fortalecer la autoridad electoral y proteger la democracia”, a la vez que explicó que el proyecto no modifica las competencias de la Registraduría Nacional ni crea nuevas funciones para el CNE. Precisó también que propuesta busca mejorar la planeación institucional, la trazabilidad de los recursos públicos y la delimitación de responsabilidades en su administración y ejecución.
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