Durante la Asamblea General de ANIF, celebrada en el Club El Nogal de Bogotá, el vicepresidente José Manuel Restrepo hizo una contundente advertencia a los congresistas y a la opinión pública sobre la necesidad urgente de sacar adelante la propuesta de reforma tributaria, denominada por el Gobierno como la ley de rescate fiscal.
El alto dignatario señaló que, de no aprobarse la iniciativa durante el primer trimestre de 2027, el país enfrentará una severa crisis fiscal con un alto riesgo de impago (default), lo cual podría traducirse en un millón de colombianos adicionales en la pobreza y en un escenario de inflación o hiperinflación de la moneda.
El costo de la inacción fiscal hacia 2030 y 2035
En su intervención ante directivos y analistas del sector financiero, el vicepresidente expuso proyecciones alarmantes sobre lo que sucedería si se aplazan las decisiones de fondo sobre la estructura tributaria del Estado:
«Si no hacemos nada en 2030 vamos a tener que pagar uno de cada 2 pesos de impuesto y en 2035 va a ser cuatro de cada 5 pesos de no hacer nada».
Frente a este horizonte de deterioro de las cuentas públicas, Restrepo cuestionó las posturas evasivas de diversos sectores políticos y descartó las soluciones parciales: «Y aquí no se admiten pañitos de agua tibia. Aquí no se admite jugar a la politiquería con decisiones de esta naturaleza. Aquí no se admite ser irresponsable frente a algo de esta dimensión».
El Ejecutivo asume el costo político y pide responsabilidad
El vicepresidente defendió la postura del Gobierno encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella, asegurando que la administración está dispuesta a asumir el costo político de impulsar este proyecto: «El gobierno de Abelardo De La Espriella asumiendo al final un costo político pone la cara, se pone de frente y le habla de frente al país».
Así mismo, Restrepo diferenció el debate democrático legítimo de la manipulación electoral: «Siempre se pueden encontrar alternativas pero no jueguen a la política… Me refiero a la burda politiquería del que pretende hacerlo de una manera en donde no va a ser simplemente viable». Añadió que la actual coyuntura sirve de parámetro para juzgar el compromiso institucional: «Este escenario es un escenario en donde se mide la responsabilidad de quienes nos gobiernan tanto en el ejecutivo como en el legislativo».
A pesar del tono crítico del mensaje, el vicepresidente sostuvo que la administración mantiene abiertos los canales institucionales para concertar los ajustes necesarios: «El ejecutivo está listo en el diálogo con el legislativo… siempre con la posibilidad de construir colectivamente porque la capacidad de escucha y de construir de la mano del ejecutivo y del legislativo siempre será posible con ese sentido naturalmente de responsabilidad»
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