Tres meses después del terremoto que afectó al país el pasado 10 de agosto, la Defensoría del Pueblo advirtió que se siguen presentando problemas en la atención de las víctimas, que no están pudiendo acceder a subsidios de arrendamiento, atención de salud, educación y ayudas humanitarias, y en general todo lo que implica la recuperación de las comunidades afectadas.
Según la entidad, el costo de la reconstrucción está desfinanciada en alrededor de $50 billones y por el momento solo están claramente identificados unos $8 billones, de los $58 billones que se calcula que podría costar toda la reconstrucción.
«El costo estimado del proceso asciende a $58,29 billones, pero solamente $8,21 billones corresponden a recursos inicialmente identificados, mientras que $50,08 billones permanecen como brecha por financiar», manifestó.
Según el Registro Único de Damnificados (RUD), hasta el pasado 3 de noviembre se habían reportado como afectadas 363.791 familias y 776.119 personas.
Unas 104.049 viviendas están inhabitables, 19.149 fueron destruidas y 119.748 presentan daños.
334 personas fallecieron en el movimiento telúrico, 4.516 quedaron heridas y 102 permanecen desaparecidas.
La Defensoría detectó obstáculos para las personas que quieren registrarse como damnificadas e inconsistencias en la clasificación de habitabilidad de las viviendas, que dificultan contar con cifras más confiables sobre los daños provocados por el terremoto.
En cuanto a la ayuda de los damnificados, la entidad encontró que el subsidio de arrendamiento previsto, que es de $1.050.000 mensuales por un periodo de tres meses, va a ser insuficiente pues se calcula que la reconstrucción puede tardar entre 12 y 18 meses.
Tampoco hay viviendas suficientes, lo que ha llevado a algunas familias a regresar a lugares que no tienen condiciones adecuadas de seguridad.
La atención en materia de salud sigue afectada por los efectos del terremoto mientras que en materia de educación, pese a que el Ministerio de Educación anunció que se había recuperado el servicio para todos los estudiantes afectados, no todos los estudiantes han regresado a clases presenciales ni cuentan con instalaciones seguras.
En el Valle del Cauca, hasta el 15 de octubre pasado, 69.106 de los 121.175 estudiantes afectados continuaban en modalidades no presenciales.
Según la Defensoría, es importante superar la etapa de atención inmediata y avanzar hacia soluciones sostenibles y especialmente asegurar la financiación del plan de reconstrucción con recursos claros y cronogramas verificables.
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