También fueron acusados por uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elemento material probatorio y soborno a testigo en la actuación penal.
La Fiscalía acusó de manera formal ante un juez de conocimiento de Bogotá a los cinco presuntos responsables de los actos de tortura previos al homicidio del joven Juan Felipe Rincón, hijo del exdirector de la Policía Nacional, general William Rincón, en hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga en la localidad de Rafael Uribe en el sur de Bogotá.
Los implicados están siendo procesados por los delitos de tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elemento material probatorio y soborno a testigo en la actuación penal.
De acuerdo con los investigadores detrás de esta plan criminal que terminó con la brutal golpiza del joven estuvieron Andrés Camilo Sotelo Torres, Caterina Andrea Sotelo Torres, Jeimy Tatiana Vega López y la adolescente de 16 años. Así como Juan Sebastián Ávila Ochoa y Solangi Trujillo Débil.
Para la Fiscalía es claro que existió un plan criminal orientado a causarle daño y una violencia excesiva que resultó con la muerte del joven Juan Felipe Rincón.
La investigación de la Fiscalía esta orientada a que no solamente atentaron contra la vida y la dignidad de Juan Felipe Rincón, sino que lo torturaron y cometieron otras serie de delitos al instrumentalizar a otras menores de edad.
El dictamen de Medicina Legal
En su momento, el informe de Medicina Legal permitió detectar una docena de golpes con objetos contundentes en el cuerpo del joven previo a haber recibido un impacto con proyectil de arma de fuego en su tórax.
Con base en las pruebas se determinó que la muerte del joven fue causada por trauma torácico por arma de fuego, pero también sufrió golpes previos que generaron intenso dolor y sufrimiento. “La agresión fue violenta y desproporcionada, dejando a la víctima en un estado de indefensión”.
¡No se trató de una riña callejera!
Según el fiscal delegado los diferentes pruebas permitieron determinar que no se trató de una riña callejera sino de un ataque brutal tras un plan criminal.
“No fue una riña callejera, golpearon a la víctima con objetos con tal violencia que un arma traumática se destruyó por la fuerza con la que lo golpearon. Y en este caso, se indica cómo un objeto diseñado para soportar un uso intensivo fue destrozado a golpes contra un cuerpo humano”, indicó.
Así mismo, sostuvo que “esa duración y ensañamiento, esa golpiza no cesó, ni siquiera cuando el escolta, identificándose como Policía, realizó disparos de advertencia. Los agresores continuaron golpeándolo. Eso revela que no sólo buscaban lesionar, sino aniquilar simbólicamente a la víctima”, manifestó el fiscal delegado.
