El Contralor Jorge Laverde aseguro que “la seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos.
El ente de control afirmó que la seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos.
La Contraloría General ordenó la la revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por más de $20.783 millones por presuntas irregularidades como fallas técnicas, incumplimientos, deficiencias de calidad y posibles sobrecostos.
El ente de control indagará los millonarios contratos de drones y antidrones, computadores así como los sistemas de inteligencia y contrainteligencia.
Los contratos que indagará son:
- Adquisición de un helicóptero no tripulado por aproximadamente $9.000 millones. “Se verificarán las condiciones de adquisición, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las presuntas fallas de funcionamiento y las circunstancias del siniestro ocurrido en marzo de 2026. También se revisará la aplicación de las garantías contractuales y la posible afectación de los recursos públicos”, afirmó.
- Adquisición de tres sistemas antidrones por cerca de $8.340 millones. “Se examinarán las condiciones de contratación, las características técnicas de los equipos, su entrega y funcionamiento, así como su utilización efectiva y correspondencia con las necesidades de la entidad”, aseveró el ente de control.
- Contrato 043 de 2024, por aproximadamente $1.314 millones, para la adquisición de 595 computadores. Se revisarán las denuncias sobre presuntas deficiencias de calidad, fallas de funcionamiento e incumplimiento de especificaciones técnicas, además de las condiciones de entrega, recibo y pago de los equipos.
- Contrato 053 de 2022, por aproximadamente $580 millones, para la adquisición de un sistema de identificación biométrica. Se establecerán las razones por las cuales el sistema no habría entrado en funcionamiento, su compatibilidad con la infraestructura tecnológica de la entidad y las condiciones de planeación y ejecución contractual, con el propósito de determinar si la inversión produjo los resultados previstos.
- Contratación de mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza, por aproximadamente $1.549 millones. “Se verificarán los estudios de mercado, los precios de adquisición, las condiciones de contratación y la entrega de los bienes, con especial atención a los posibles sobrecostos denunciados en la compra de mobiliario y otros elementos de dotación”, explicó.
Entre tanto, la Contraloría verificará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (versión 2), el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la destinación de los recursos públicos comprometidos en su desarrollo.
“Para adelantar estas actuaciones, se requerirá la documentación contractual correspondiente, incluidos los estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías. Su análisis permitirá establecer si existieron deficiencias de planeación, incumplimientos, sobrecostos o situaciones que puedan configurar un daño al patrimonio público”, afirmó.
¿Y si la información es de inteligencia?
Ante las dudas frente a la vigilancia de información de seguridad nacional, el Contralor Jorge Laverde aseguro que “la seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos. La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos”.
Agregó que cada peso invertido debe responder a una necesidad legítima, cumplir una finalidad pública y producir resultados verificables. La Contraloría actuará con rigor técnico, independencia y responsabilidad para establecer si existió algún daño al patrimonio de los colombianos”.
