Juristas Nacionales e Internacionales que participaron en el XI Congreso Internacional de Derecho Penal, un espacio académico para intercambiar experiencias y debatir los desafíos de la justicia restaurativa y la acción penal.
Con una discusión centrada en los desafíos que enfrenta la administración de justicia para convertir las disposiciones legales en soluciones efectivas para la sociedad, se desarrolló en Santa Marta el XI Congreso Internacional de Derecho Penal, organizado por la Universidad Sergio Arboleda, a través de su Escuela de Derecho Rodrigo de Bastidas.
El encuentro académico tuvo como eje temático la justicia restaurativa y la acción penal, así como los mecanismos de renuncia, extinción y suspensión de esta última desde la perspectiva de las garantías procesales. Una agenda que reunió a especialistas nacionales e internacionales para examinar las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico y las dificultades que todavía enfrenta su aplicación.
Uno de los planteamientos centrales lo formuló Francisco Bernate Ochoa, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, quien llamó la atención sobre la necesidad de superar los temores y prejuicios que todavía existen alrededor de los mecanismos de justicia restaurativa.
El jurista explicó que Colombia cuenta con herramientas procesales para desarrollar este modelo, entre ellas las contempladas en la Ley 906 de 2004, que establece mecanismos de justicia restaurativa y regula el principio de oportunidad. Sin embargo, advirtió que todavía existen interrogantes sobre los procedimientos que deben seguir los operadores judiciales para hacerlos efectivos en las diferentes etapas del proceso penal.
Bernate puso especial énfasis en una posibilidad que considera importante estudiar: la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa incluso cuando ya existe una condena. Según explicó, el Código de Procedimiento Penal ofrece fundamentos para abordar estos escenarios, un asunto que representa nuevos retos para abogados, jueces y demás profesionales del sistema judicial.
JUSTICIA MÁS ALLÁ
DE LOS EXPEDIENTES
Desde la experiencia internacional, María Gimena Funes, subdirectora de Justicia Penal Juvenil de la provincia de La Pampa, Argentina, destacó que la justicia restaurativa no debe limitarse al ámbito de los tribunales, sino extenderse a las escuelas y a las distintas instituciones de la comunidad.
La especialista, quien ha impulsado procesos de formación de operadores jurídicos en su provincia, sostuvo que este enfoque debe entenderse como una tarea permanente que involucre a diferentes sectores de la sociedad.
Para Funes, el propósito no puede reducirse a incrementar las cifras de acuerdos o presentar resultados estadísticos, sino que debe traducirse en una mejor convivencia y en una disminución de la conflictividad social.
“La justicia restaurativa y la justicia tradicional no son modelos excluyentes, sino que pueden complementarse, siempre que exista claridad sobre el propósito de los procedimientos y sus beneficios para las personas y las comunidades involucradas”, conceptuó la jurista.
EL PAPEL DE LA ACADEMIA
Por su parte, Edwin Lugo, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, sede Santa Marta, destacó que este tipo de escenarios contribuye a que los estudiantes comprendan la utilidad del derecho penal frente a los problemas de violencia y criminalidad que afectan al país.
“Aunque Colombia cuenta con un marco constitucional y legal amplio, persisten barreras institucionales, debilidades en las entidades, deficiencias en la formación de algunos servidores públicos y limitaciones en las herramientas para garantizar el acceso a la justicia”, señaló el académico.
En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer la articulación entre academia, Estado y sociedad civil, con el propósito de promover un análisis crítico y constructivo que contribuya al mejoramiento de las instituciones y a la formación de las nuevas generaciones de profesionales del derecho.
EXPERTOS DE TRES PAÍSES
La programación contó con invitados de Argentina y México, al igual que reconocidos juristas colombianos. Además de los citados María Gimena Funes y Francisco Bernate Ochoa; también intervinieron la magistrada de la Sala de Indultos y Amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz, Xiomara Balanta; y la exfiscal Luisa Ochoa, quien compartió su experiencia de 32 años en la Fiscalía y la implementación de mecanismos de justicia restaurativa.
Igualmente estuvieron Aldair Bueno, con una exposición sobre la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos penales, junto con académicos provenientes de Medellín, Armenia y Santa Marta.
Como componente práctico y social del encuentro, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) presentó una muestra de artesanías y productos elaborados por personas privadas de la libertad, una iniciativa que permite visibilizar experiencias de trabajo y procesos de resocialización.
Con este intercambio de conocimientos y experiencias, el congreso abordó la discusión sobre una justicia penal que, además de garantizar los derechos y las reglas del debido proceso, encuentre mecanismos para atender los conflictos, promover la reparación y contribuir a la convivencia.
