El contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, ordenó una revisión prioritaria de contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por más de $20.783 millones, en los cuales se habrían presentado irregularidades, según las denuncias hechas por varios medios de comunicación.
Entre los contratos que la Contraloría investigará está uno por $9 mil millones, para la compra de un helicóptero no tripulado que habría tenido fallas de funcionamiento y se habría accidentado en marzo.
La entidad buscará establecer si se contaba con las correspondientes garantías contractuales y resultaron afectados los recursos públicos.
La Contraloría también investigará otro contrato relacionado con la compra de tres sistemas antidrones por aproximadamente $8.340 millones; otro por $1.314 millones para la adquisición de 595 computadores que no habrían tenido la calidad suficiente y habrían presentado fallas de funcionamiento; otro por $580 millones por un sistema de identificación biométrica que no habría entrado en funcionamiento y aparentemente no sería compatible con la infraestructura tecnológica de la entidad, y uno por aproximadamente $1.549 millones para la contratación de mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza.
La Contraloría busca verificar, además, qué tanto se ha cumplido con la ejecución del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC, versión 2) y si se destinaron los recursos públicos comprometidos para su desarrollo.
La entidad revisará los estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías para establecer si existieron deficiencias de planeación, incumplimientos, sobrecostos o situaciones que puedan configurar un daño al patrimonio público.
“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos. La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos. Cada peso invertido debe responder a una necesidad legítima, cumplir una finalidad pública y producir resultados verificables”, afirmó el contralor general.
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