El Consejo de Estado dejó en firme la nulidad de un cobro de hasta $50.000 que el municipio de Leticia, Amazonas, había establecido para los turistas nacionales y extranjeros, al determinar que el Concejo Municipal no tenía autorización legal para crear esta contribución, que debía ser aprobada por el Congreso.
Hasta este año, los turistas que ingresaran a Leticia por vía aérea o fluvial debían pagar una contribución destinada a financiar proyectos turísticos del municipio, según un acuerdo aprobado en enero de 2024.
El cobro estaba dirigido a visitantes nacionales y extranjeros de entre 6 y 75 años que no residieran en el departamento del Amazonas. Su valor debía ser fijado por el alcalde municipal, sin superar los $50.000.
El acuerdo también establecía que los recursos recaudados se utilizarían para mejorar la infraestructura y promover el turismo en la región, y al menos el 15% debía destinarse a iniciativas de turismo comunitario, indígena y rural.
La medida fue demandada por Víctor Wilfredo Sánchez Vélez, quien argumentó que el Concejo Municipal había excedido sus facultades al imponer un cobro que no estaba autorizado por ninguna ley.
En marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón y anuló el acuerdo, lo que llevó a que el municipio apelara la decisión, alegando que la Constitución le permitía establecer contribuciones para financiar el desarrollo económico y turístico de su territorio.
No obstante, la Sección Cuarta rechazó ese argumento, y precisó en la sentencia que, aunque los municipios tienen autonomía en materia tributaria, “no están autorizados o facultados para crear o establecer tributos sin ley que lo faculte”.
Además, la corporación encontró que Leticia no logró demostrar la existencia de una norma que “la facultara para imponer la «contribución para la sostenibilidad turística» en el municipio de Leticia”, señaló el fallo.
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