Un juez aprobó la solicitud de la Fiscalía y envió a prisión a la juez de control de garantías de Bogotá, Miryan Alcira Martínez López; el funcionario del Centro de Servicios Judiciales, Waldo Garavito Mejía; y la abogada Emperatriz Herrera Cuenca, por participar presuntamente en un acuerdo criminal para que Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano de Países Bajos requerido con fines de extradición por narcotráfico, quedara libre.
La investigación revela que el 4 de junio de 2026, Herrera Cuenca acudió al despacho de la juez Martínez López para presuntamente concertar la concesión de un habeas corpus a favor de Van der Voort. A cambio, le habría entregado $600 millones que corresponderían a un primer pago. El extranjero se encontraba en la Cárcel Picota de Bogotá.
Al día siguiente, la funcionaria envió a la abogada una fotografía de un formato de libertad con los datos del ciudadano neerlandés, elemento que sería una evidencia del posible acuerdo ilícito.
Por su parte, Garavito Mejía habría coordinado con la abogada la radicación de la solicitud durante un fin de semana en el que él y la juez estuvieran de turno, con el propósito de que la petición llegara al despacho de Martínez López.
Finalmente, el 13 de junio, según la investigación, la juez concedió el habeas corpus y ordenó la libertad inmediata del requerido. Argumentó que transcurrieron 109 días desde su captura sin que se resolviera el trámite de extradición, cuyo plazo límite estimó en 60 días, y cuestionó las condiciones del expediente remitido a la Corte Suprema de Justicia.
La libertad del ciudadano extranjero fue revocada finalmente por otro funcionario judicial.
Todos ellos fueron imputados por los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. Adicionalmente, a Martínez López se le vinculó también por prevaricato por acción.
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