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Tres personas con antecedentes por homicidio y hurto agravado fueron halladas el 28 de octubre dentro de la vivienda del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, informó esta noche el Gobierno.
Precisó que las autoridades de protección las identificaron y las pusieron a disposición de las autoridades, tras revelarse que entre sus antecedentes figuraban registros por homicidio y por ocho hurtos agravados.
El Ejecutivo agregó que cerca del establecimiento educativo donde estudian los hijos de Ríos fue vista otra persona que se retiró cuando llegó la Policía y no alcanzó a ser puesta a disposición de las autoridades, quienes trabajan para identificarla.
El Ejecutivo expresó su solidaridad con el funcionario y su familia, y exigió que se esclarezca con celeridad lo ocurrido y se establezca si tiene relación con sus recientes denuncias en contra el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
A través de un comunicado, Presidencia sostuvo que «ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y dormir tranquilo. Mucho menos deberían pagarlo sus hijos». También garantizó las medidas de protección necesarias y reiteró su respaldo a la Fiscalía para que investigue «sin presiones ni intimidaciones».
Los hechos ocurrieron pocos días después de que Ríos denunciara, el 21 de octubre en la Comisión Segunda del Senado, la presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios a la Presidencia durante el gobierno anterior.
Según la denuncia, esos contratos, pagados con recursos públicos y en una presunta relación de poder, habrían servido para que las mujeres estuvieran con el expresidente Petro. En su versión, Ríos dijo que varias de ellas ya han hablado y que presentaría él mismo la denuncia formal.
La Fiscalía abrió de oficio una indagación preliminar y prevé citar a declarar a Ríos y a las ex directoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez, además de ordenar inspecciones en la entidad para revisar los contratos. El Gobierno señaló que se trata de «señalamientos graves que corresponde esclarecer a la justicia».
BOGOTÁ, (Colprensa).
