La Corte Suprema de Justicia aplazó, por segunda vez, y hasta el próximo 2 de febrero de 2027, la audiencia preparatoria del juicio contra los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión se tomó luego de que las defensas insistieran nuevamente en que no han podido acceder ni revisar la totalidad de las pruebas recopiladas por la Fiscalía, debido a problemas técnicos con archivos digitales que permanecen bajo cadena de custodia.
Entre los problemas mencionaron puntualmente archivos vacíos, dañados, protegidos con contraseñas o que no pueden abrirse. Exactamente lo mismos argumentos expuestos durante la diligencia del pasado 21 de septiembre que había sido aplazada para hoy.
Uno de los inconvenientes expuestos por la defensa de Bonilla fue la necesidad de adquirir un dispositivo bloqueador de escritura para acceder y examinar los archivos digitales sometidos a cadena de custodia. El exministro aseguró que, pese a haber conseguido el equipo, el análisis del material continúa siendo complejo y que parte de la información encontrada no tendría relación con el proceso.
“La Fiscalía no ha sido leal y nos ha abrumado con información (…) Lo más grave es lo que no hay. Lo que la Fiscalía nunca miró”, afirmó.
Bonilla cuestionó que la Fiscalía hubiera, según él, concentrado la investigación en el presunto peculado relacionado con dos contratos para la compra de carrotanques, uno con Interamericana Rogers SAS y otro con la Corporación Yapurutu, sin profundizar en las actuaciones de Olmedo López y Schneider Pinilla, exdirectivos de la UNGRD que entregaron información a la justicia en el proceso.
Según el exministro, el ente acusador se limitó a recibir sus declaraciones y a otorgarles beneficios judiciales, pero no hizo un seguimiento suficiente a las pruebas que pudieran comprometerlos.
“Esas pruebas no están ahí, no está el acta del Consejo de Ministros, no está el decreto de emergencia de La Guajira, no está la autorización de la Corte Constitucional, no está ahí, no lo he visto”, afirmó.
Por su parte, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco también cuestionó la forma en que se realizó el descubrimiento probatorio. Aseguró que la Fiscalía presentó documentos cuyo contenido no ha podido ser conocido por la defensa y advirtió que esa situación dificulta preparar su estrategia.
“¿Cómo es posible que en un sistema de partes llegue quien acusa con una serie de documentos que no conoce, no los conoce, y los presenta como pruebas?”, cuestionó Velasco.
También señaló que la cantidad de archivos entregados ha impedido concentrar la revisión en otros elementos que considera relevantes para el caso, entre ellos los chats de Olmedo López, exdirector de la UNGRD.
La defensa de Velasco, Rosa Elena Suárez, también insistió en que las dificultades para acceder al material probatorio no han sido resueltas, pese a las observaciones presentadas por la defensa y a la orden que impartió la Corte Suprema el pasado 21 de septiembre.
Según explicó, las verificaciones técnicas realizadas por la Fiscalía no han permitido consultar y analizar íntegramente los archivos entregados, por lo que cuestionó que el ente acusador dé por terminado el descubrimiento de las pruebas.
Suárez puso como ejemplo los chats de Olmedo López y Schneider Pinilla, que, según indicó, fueron entregados apenas una semana antes de la audiencia, pese a que la Fiscalía había señalado días atrás que no contaba con esos elementos.
“No es legal entregar un descubrimiento solo hasta hace una semana”, afirmó.
La Fiscalía, por su parte, sostuvo que entregó a las defensas la totalidad del material probatorio que tiene disponible y ha negado que exista una intención de ocultar información.
El ente acusador explicó que algunos archivos llegaron en condiciones que impiden su consulta y que, precisamente por no poder acceder a su contenido, no fueron utilizados para sustentar la acusación.
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