Con el fantasma del tiempo a cuestas avanza la reforma a la ley de orden público que ahora en el gobierno de Abelardo de la Espriella, se denominó ley de sometimiento, la cual deberá estar aprobada a más tardar el miércoles 4 de noviembre.
Este viernes precisamente el Senado en su plenaria ya empezó a dar la votación del articulado.
En primer lugar se negó, con 19 votos a favor y 45 en contra, la proposición que presentaron desde la oposición del Pacto Histórico para hundir el proyecto.
Los promotores de archivar el proceso cuestionaron que la iniciativa, en lugar de establecer condiciones efectivas para la desmovilización de las estructuras criminales, podría abrir espacios de impunidad y facilitar beneficios para quienes se han lucrado de las economías ilegales.
“Este proyecto no debería llamarse ley de sometimiento, sino ley de lavado de activos o ley del blanqueamiento. Una puerta abierta a la impunidad para que quienes enriquecieron con la plata del narcotráfico y de la muerte pasen únicamente un año pagando una pena”, afirmó el senador Alexander López, quien lideró la proposición.
Luego el gobierno logró que se acogiera el informe de la ponencia que presentó su coordinador ponente, Hernán Cadavid (Centro Democrático). El informe fue aprobado con 48 votos a favor y cinco en contra.
También se votaron los primeros cuatro artículos en los cuales no había proposiciones.
“Sí tenemos el tiempo en contra, pero también veo una voluntad de contribución de sectores inclusive diferentes a los cercanos al gobierno para tener ese instrumento de ley de sometimiento, que es la prórroga a la ley de orden público del año 1997, ha sido un instrumento que se le ha ido entregando a cada uno de los gobiernos de acuerdo a su visión de recuperación de la seguridad y temas del orden público en Colombia”, destacó el congresista.
Cadavid se refirió también a una norma que se tramita con un beneficio a los lavadores. “Hay la incorporación de un beneficio, una flexibilidad en materia de lavado de activos, siempre y cuando cumplan unos compromisos, se permitiría una laxitud en el cumplimiento de la pena que bajo ninguna circunstancia es impunidad”.
Por su parte, el senador Ariel Ávila criticó partes del proyecto, como el artículo 16, que propone ampliar de uno a tres años el tiempo para que determinados colaboradores civiles, lavadores de activos y testaferros puedan acceder a la suspensión de la pena, siempre que cumplan los requisitos legales.
Su propuesta es que estas personas reciban el mismo tratamiento que los demás integrantes de las organizaciones criminales, para evitar que los responsables de las finanzas y el patrimonio de esas estructuras tengan beneficios más favorables.
“Lo único que pedimos, señor ministro, es que se les dé igual tratamiento a todos los miembros de las organizaciones criminales, yo no entiendo por qué a uno sí, a otros no…”, dijo.
Además, cuestionó que el proyecto entregue al Gobierno facultades para reglamentar las condiciones del sometimiento individual, y argumentó que esa regulación debe permanecer en el ámbito del Congreso y que ya existen mecanismos como el principio de oportunidad y los preacuerdos.
“Hay una fascinación del señor Abelardo de la Espriella, del presidente, por facultades extraordinarias en todos los proyectos, pues entonces, qué cierra el Congreso”, afirmó.
El ministro de Justicia e Interior encargado Iván Cancino, confía en que el proyecto sea aprobado en los plazos previstos, aunque advirtió que de no lograr “se pondrían en riesgo el programa de testigos de la Fiscalía y el Fonsecom».
*¿Qué propone el proyecto?*
La iniciativa busca en términos generales reemplazar a la política de ‘Paz Total’ de Gobierno Petro, para lo cual plantea un marco jurídico en el que los integrantes de organizaciones armadas ilegales puedan someterse individual o colectivamente a la justicia.
El texto que llegó a la plenaria y que fue aprobado el pasado 21 de octubre por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, establece que dichas organizaciones o personas deben aceptar entregar las armas, aportar información sobre sus estructuras y economías ilícitas y contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la reparación de las víctimas.
Entre sus disposiciones contempla una reducción general del 50% de la pena para quienes contribuyan a la verdad y a la reparación, mientras que para quienes hayan ejercido funciones de mando la rebaja será del 30%.
También establece condiciones más restrictivas para los responsables de reclutar menores de edad, requisitos de verificación de los integrantes de las organizaciones y obligaciones relacionadas con la entrega de bienes, el suministro de información y el cese de actividades ilícitas.
Asimismo, contempla trabajos restaurativos como la reconstrucción de infraestructura comunitaria, la recuperación ambiental, el apoyo al desminado humanitario y la búsqueda de personas desaparecidas.
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