Un juez promiscuo municipal de El Bagre impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a seis de los ocho miembros de un ‘clan familiar’ señalados de participar en la explotación ilícita de oro en El Bagre y Nechí.
Con cuatro dragas tipo brasileño, maquinaria pesada y mercurio explotaban el oro en la ronda del río Nechí, Antioquia, en donde habrían provocado graves daños ambientales.
Los integrantes del ‘clan familiar’ eran cuatro mujeres y cuatro hombres que, al parecer, se habían dedicado a esta actividad desde 2024, sin título minero ni licencia ambiental.
La investigación, que incluyó tres operativos en terreno, interceptaciones telefónicas y labores de seguimiento, entre otras, permitió identificar a los implicados y los roles que cumplirían.
Alexander Villalba Martínez sería el jefe y principal articulador. José Alfredo Villalba Martínez estaría a cargo de la operación de las dragas, mientras que María Isabel Villalba Martínez y Luz Yesenia Santos Romero cumplirían labores administrativas, financieras y logísticas. Andrea Catalina Castañeda Correa, por su parte, se encargaría de definir el uso y destinación de las maquinas utilizadas para la extracción del metal.
Entre los judicializados también están Jhon Hever Soto Flórez, presunto administrador de una mina a cielo abierto ubicada en Jardín de Tamaná (Antioquia); Angie Paola Agudelo, posible secretaria de la red; y Maicol Álvarez Caicedo, quien, al parecer, compraba y comercializaba el oro obtenido ilícitamente.
Los daños producidos por esta explotación, entre ellos, pérdida de cobertura vegetal, erosión, formación de depósitos artificiales de agua y transporte de sedimentos hacia el río, habrían afectado una vasta zona del bajo Cauca antioqueño.
En las operaciones de captura, llevadas a cabo en Caucasia y en El Bagre (Antioquia), fueron incautados 695 gramos de oro avaluados en más de 284 millones de pesos, 152.54 gramos de platino, 508 millones de pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares y documentos.
A los capturados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, contaminación ambiental por explotación ilícita de yacimiento minero e hidrocarburos, daño a los recursos naturales y ecocidio, y lavado de activos.
Dos de las procesadas cumplirán la medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
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