Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue presentada una nueva denuncia penal en contra el expresidente Gustavo Petro por desconocer las instituciones democráticas que llevaron a la Presidencia de la República a Abelardo De La Espriella.
La denuncia fue presentada por el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda y por el abogado Jaime Lombana.
Según Cepeda, es inaudito que Petro, como líder de la oposición, no reconozca la derrota de su grupo político en las urnas.
“Por parte de la Registraduría y el Consejo Electoral se hizo un debate transparente y hay cero indicios de fraude y ha llegado hasta el colmo de desconocer la decisión de esos organismos sobre que Abelardo De La Espriella es el presidente legítimo de Colombia”, dijo.
“Que me expliquen como aceptan las curules de Senado y Cámara, pero no aceptan que Abelardo De la Espriella es el presidente, de manera que es peligroso para la democracia esta obstrucción del debate electoral”, añadió.
Por su parte, el abogado Lombana explicó que en la denuncia presentada contra Petro se le acusa de dos delitos, relacionados con el desconocimiento de los resultados electorales.
“Los delitos son la perturbación al certamen democrático y concierto para delinquir. Se busca proteger la estabilidad del sistema democrático y al perturbar un debate electoral, se busca que las reglas institucionales se respeten, que el que ganó se le respete y se le reconozca y ejerza los elementos de una división de poderes”, indicó.
Lombana dijo que Petro está atacando la división de poderes, “está acostumbrado a ofender la Rama Judicial, las altas cortes, es un ataque a la democracia misma”.
Piden celeridad en las investigaciones
Por su parte, Enrique Vargas Lleras, director de Cambio Radical, envió una carta a la Comisión de Acusación de la Cámara en la que pide celeridad en las investigaciones contra el expresidente Gustavo Petro por las denuncias que se han interpuesto en su contra.
En la misiva pide que se aceleren casos como el del «pacto de Valledupar», el de las 48 mujeres que habrían sido instrumentalizadas en la Casa de Nariño a través de contratos de prestación de servicios, la compra de los aviones Gripen, entre otros expedientes.
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