El Dane informó que la inflación anual en Colombia llegó a 6,29% en septiembre de 2026, frente al 5,18% del mismo mes del año pasado. Los mayores incrementos se dieron en restaurantes y hoteles, 9,44%, salud 7,79%, educación 7,49%, artículos para el hogar 6,75% y alimentos 6,74%.
La inflación es quizás el mejor ejemplo de lo que no se ve. Nadie la votó en el Congreso, ningún gobierno la anunció y sin embargo funciona como un impuesto que impacta a quien vive de su salario. Para contenerla, el Banco de la República ha subido a 12,25% la tasa de intervención, costo que también termina a cargo del ciudadano con créditos.
Frédéric Bastiat escribió un ensayo, hace casi dos siglos, Lo que se ve y lo que no se ve. Introduce una escena sencilla. El hijo de un comerciante rompe el vidrio de la tienda. Los vecinos, para consolar al padre, dicen que al menos el vidriero tendrá trabajo. Bastiat responde con paciencia. El comerciante tenía pensado gastar ese dinero en unos zapatos o en un libro, y ahora lo destinará a reponer lo que ya tenía. La venta del vidriero queda a la vista de todos, mientras la del zapatero nunca ocurrió.
Hace unos días, en un conversatorio en la Universidad de La Sabana, José María Aznar, expresidente español, describió como hoy se le piden las cosas al Estado. “Lo quiero ya, para todos y gratis”. La frase describe el debate actual, donde casi todo se discute en función de derechos y pocos preguntan hasta dónde alcanzan los recursos.
En Colombia muchos propósitos legítimos se transformaron en derechos exigibles, sin que se resuelva cómo financiarlos. El subsidio anunciado, la tutela que ordena un tratamiento o la promesa de campaña que suena justa. En cambio, es mucho más difícil ver el hospital que no se terminó porque la plata se fue a otra parte, la deuda de largo plazo que pagarán quienes aún no votan o el empleo formal que nunca se creó porque contratarlo es costoso.
La Constitución de 1991 nos hizo un Estado Social de Derecho y le entregó al ciudadano la tutela que ha protegido a millones de personas frente a la arbitrariedad. Con los años muchas aspiraciones legítimas se fueron convirtiendo en derechos exigibles ante un juez, sin que nadie resolviera cómo financiarlas. Los propósitos se volvieron derechos. La salud es el más evidente, la vía judicial terminó supliendo vacíos que debían resolverse con planeación y presupuesto.
El Congreso lo reconoció al aprobar el Acto Legislativo 3 de 2011, e incorporar la sostenibilidad fiscal como criterio orientador de las ramas del poder público. Fue una manera de admitir que cada derecho tiene un costo y que alguien termina pagándolo.
¿Quién paga? Pagamos todos, aunque muchos no lo noten, con el IVA, con el salario que la inflación va reduciendo mes a mes y con las tasas que encarecen las cuotas. Quienes además producen en la formalidad cargan con el impuesto de renta y los aportes.
En Colombia quien emprende se encuentra con trámites interminables, normas que cambian con cada reforma tributaria y normas laborales que convierten la formalidad en lujo. Cada reforma anuncia cuánto espera recaudar y nadie lleva la cuenta del negocio que nunca abrió o del capital que prefirió irse a otro país. Ese es el zapatero de Bastiat en versión colombiana.
Ortega y Gasset describió hace casi un siglo, en La rebelión de las masas, al hombre que “sólo tiene apetitos, cree que sólo tiene derechos y no cree que tiene obligaciones”. Su retrato no estaba pensado para Colombia, pero encaja con un debate en el que se habla mucho de quién recibe y muy poco de quién aporta. En todo caso, alguien siempre paga la cuenta, aunque no esté sentado a la mesa.
Bastiat sugería mirar más allá de lo evidente. Esa sigue siendo una tarea urgente para quienes gobiernan y para quienes votamos, porque lo que no se ve es justamente lo que mañana nos pueden cobrar.
*ExDirectora del ICBF
