La exsuperintendente de la Economía Solidaria María José Navarro respondió tras las denuncias que se han conocido sobre supuestos pagos cuestionados registrados en las cuentas de Inversiones Portichelly, empresa vinculada al grupo Coosalud.
Según la exfuncionaria, dichas presuntas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación en febrero de 2026 y sostuvo que esas operaciones no correspondieron a recursos del sistema de salud.
El pronunciamiento se produjo después de que se revelaran supuestos movimientos financieros realizados durante la intervención estatal de la Cooperativa Coosalud. Según la Revista Cambio, los extractos bancarios de Portichelly registraron pagos por $5 millones en un casino de Cartagena, otras transacciones por $800.000 en un establecimiento identificado como un prostíbulo y retiros de efectivo superiores a $56 millones entre agosto y diciembre de 2025.
Navarro explicó que Portichelly es una empresa dedicada formalmente a la confección de uniformes y afirmó que los movimientos señalados correspondieron a operaciones cuestionadas de su gerente.
“Es importante aclarar que estos pagos no corresponden a recursos de la salud. Se trata de operaciones cuestionadas realizadas por el gerente de una empresa de confección de uniformes vinculada a la Cooperativa Coosalud. Cuando el agente interventor me informó de estos hechos, mi orientación fue que se denunciaran ante la Fiscalía, como efectivamente lo hizo la intervención en febrero de 2026”, manifestó.
La exsuperintendente insistió en que el esclarecimiento de estos movimientos debe avanzar sin desplazar las investigaciones relacionadas con el presunto manejo irregular de los recursos de Coosalud durante la administración de Jaime González.
La intervención de la cooperativa, principal accionista de Coosalud EPS, fue ordenada en diciembre de 2024 por la Superintendencia de la Economía Solidaria. La medida se sumó a la intervención de la EPS, decretada en noviembre de ese año por la Superintendencia Nacional de Salud, en medio de cuestionamientos sobre su situación administrativa y financiera.
Navarro sostuvo que, durante su gestión, la Supersolidaria inició un proceso sancionatorio contra González y los integrantes del consejo de administración. También recordó que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentó una denuncia ante la Fiscalía por posibles irregularidades relacionadas con recursos públicos de la salud.
“Estas revelaciones no pueden convertirse en una cortina de humo, porque fue una denuncia que nosotros mismos hicimos en su momento. El foco debe estar en conocer quiénes realmente se robaron los recursos de Coosalud, y nosotros también ya presentamos esa denuncia y las pruebas a las autoridades competentes”, afirmó.
Finalmente, Navarro señaló que corresponde a la Fiscalía y a los organismos de control establecer el origen y destino de los dineros, determinar las circunstancias de las operaciones y definir si hubo responsabilidades individuales.
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