La cartera argumentó que la norma generaba incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas concretas a las comunidades de la región, a las que describió como aliadas clave para la conservación.
Según el Ministerio, la resolución fue expedida sin haber culminado la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que podrían resultar directamente afectadas. La cartera agregó que, por sí sola, la medida no aseguraba una protección efectiva del bioma.
La norma delimitaba y declaraba de manera definitiva el bioma amazónico colombiano como una reserva de los recursos naturales renovables y del ambiente. También señalaba que la reserva se delimitaba con una extensión de 483.283,55 kilómetros cuadrados, es decir toda la región amazónica.
«Los recursos naturales renovables y el ambiente del bioma amazónico quedan excluidos de concesión y autorización de uso para el desarrollo de nuevas actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos», precisaba la normativa.
El ministro Fabio Arjona afirmó que la decisión no implica abandonar la protección de la Amazonía, pues siguen vigentes las prohibiciones, restricciones y medidas de origen constitucional, legal, judicial o administrativo distintas a la resolución revocada.
Entre los instrumentos que, según el Ministerio, continúan aplicándose figuran la Reserva Forestal de la Ley 2.ª de 1959, la Ley de Delitos Ambientales, las declaratorias de Parques Nacionales Naturales y las órdenes de la Corte Suprema que reconocen a la Amazonía como sujeto de derechos.
Arjona sostuvo que la minería ilegal, la deforestación, el acaparamiento de tierras y las economías criminales, que según él «encontraron espacio para expandirse durante el gobierno anterior», «no se combaten únicamente con resoluciones». En su criterio, se requiere «una verdadera presencia institucional, control territorial, recursos, seguridad y alternativas productivas sostenibles para las comunidades».
El Ministerio indicó que podrá adelantar nuevas actuaciones para proteger el bioma una vez se cumpla la consulta previa y se realicen las valoraciones técnicas, ambientales y jurídicas correspondientes.
