La defensora del pueblo, Iris Marín, advirtió que los ataques personales y las expresiones basadas en estereotipos de género contra la magistrada pueden afectar la autonomía judicial.
La Defensoría del Pueblo rechazó lo que calificó como una “campaña de desprestigio y desinformación” contra la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre Ripoll.
La entidad pidió a la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, y al senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, rectificar las afirmaciones que considera falsas o carentes de sustento. La entidad advirtió que los señalamientos incluyen expresiones de violencia de género y pueden afectar la independencia judicial.
En un pronunciamiento divulgado este 24 de octubre, la defensora del pueblo, Iris Marín, cuestionó la difusión de fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales que, según la institución, se han utilizado para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de Lemaitre con antiguos integrantes de las extintas Farc.
La entidad también rechazó expresiones de carácter personal relacionadas con presuntas relaciones sentimentales de la magistrada, al considerar que recurren a estereotipos de género para cuestionar su capacidad y autoridad profesional.
Para la Defensoría, las diferencias sobre las decisiones de la JEP deben tramitarse mediante argumentos jurídicos y evidencia verificable, sin recurrir a la estigmatización ni a ataques contra quienes ejercen funciones judiciales.
En su pronunciamiento, la entidad destacó que, de acuerdo con la JEP, el despacho de Lemaitre ha emitido nueve autos de imputación contra 74 comandantes de las extintas Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluidos secuestros, asesinatos, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas.
También señaló que las investigaciones adelantadas por la magistrada en el Caso 01 contribuyeron a las condenas impuestas por el Tribunal para la Paz a integrantes del antiguo Secretariado de esa guerrilla por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio.
La Defensoría advirtió que presentar fragmentos aislados de audiencias como prueba de una supuesta complicidad, sin considerar el desarrollo de las investigaciones ni las decisiones judiciales posteriores, puede distorsionar los hechos y revictimizar a quienes participaron en estos procesos.
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es el impacto de los ataques contra mujeres que desempeñan funciones públicas. Según la Defensoría, insinuar que las actuaciones de una magistrada responden a supuestas relaciones sentimentales, en lugar de examinar sus decisiones judiciales, constituye una descalificación basada en estereotipos de género.
La entidad alertó, además, que la violencia digital no se limita a las redes sociales, pues puede tener consecuencias sobre la vida personal, el trabajo, la salud y la seguridad de quienes la padecen.
Marín también recordó que los integrantes del Congreso tienen derecho a cuestionar las decisiones judiciales, evaluar los resultados de las instituciones y proponer reformas. Sin embargo, señaló que la responsabilidad pública de los congresistas exige rigor en la información que difunden y respeto por la autonomía de la justicia.
Por eso, la Defensoría solicitó a Posada y Rodríguez rectificar las afirmaciones que considera falsas o sin sustento y abstenerse de reproducir contenidos descontextualizados o expresiones que promuevan la violencia de género.
La entidad aclaró que defender la independencia judicial no significa impedir que se examinen las actuaciones de la JEP ni que se propongan cambios para mejorar su funcionamiento.
/BLU RADIO
