El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Departamento del Amazonas a pagar $138 millones a la Unión Temporal Carrera 10 por no suscribir un contrato de interventoría que le había adjudicado en 2019 para supervisar obras de acueducto, alcantarillado y pavimentación en Leticia.
La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal determinó que el Departamento debía responder por los perjuicios ocasionados a la Unión Temporal Carrera 10, luego de adjudicarle un contrato por $1.794 millones y no formalizarlo dentro del plazo establecido.
El proceso de contratación fue adjudicado mediante una resolución del 31 de diciembre de 2019, y tenía como propósito supervisar técnica, administrativa, financiera, contable y jurídicamente la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado, así como la reposición del pavimento en concreto rígido de la carrera 10, entre las calles 11 y 16 de Leticia.
De acuerdo con las condiciones del proceso, la firma debía realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del acto de adjudicación. Sin embargo, pese a que la unión temporal solicitó en varias oportunidades que se formalizara el acuerdo, la entidad no lo suscribió.
En su defensa, el departamento argumentó que la emergencia económica y sanitaria por la pandemia de covid-19 obligó a priorizar recursos para atender la crisis. No obstante, el Tribunal descartó esa explicación, pues el plazo para firmar el contrato venció en enero de 2020, antes de que se declarara la emergencia en marzo de ese año.
La Unión Temporal Carrera 10 había solicitado una indemnización equivalente al 30% del valor de la oferta, además de una compensación por la experiencia que dejó de adquirir al no ejecutar el contrato. Sin embargo, el Tribunal reconoció únicamente la utilidad que razonablemente habría obtenido por el negocio.
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