Defensoría pide revisar nombramientos por denuncias de violencia de género

La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno y a las entidades estatales revisar los nombramientos de personas que enfrentan denuncias o procesos relacionados con presuntas violencias contra las mujeres, luego de conocer casos vinculados con cargos en el Ministerio de las Culturas, Ecopetrol y Coljuegos.

Entre los casos conocidos, la entidad mencionó la designación de Hatem Eduardo Dasuky como asesor del Ministerio de las Culturas a pesar de enfrentar un proceso penal por presuntos hechos de violencia sexual ocurridos cuando ejercía funciones diplomáticas en Chile.

También aludió a la posible vinculación del general en retiro Eduardo Zapateiro como jefe de seguridad en Ecopetrol, mientras afronta un proceso relacionado con presunto acoso sexual, y al nombramiento de Jaime Gregorio Vives como presidente de Coljuegos, contra quien existe una denuncia por presuntos hechos de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género.

La Defensoría precisó que, aunque “se debe respetar la presunción de inocencia, no exime al Estado de actuar con debida diligencia frente a las violencias contra las mujeres al decidir quién ocupa cargos de alta responsabilidad pública”.

“Los nombramientos envían mensajes”, señaló la entidad, y advirtió sobre el efecto que estas decisiones pueden tener en las mujeres, al afectar su salud mental, autonomía, seguridad y proyectos de vida, y que la falta de respuestas oportunas puede agravar las barreras para acceder a la justicia y a la protección.

Por eso, pidió al Gobierno nacional y a las entidades estatales revisar los nombramientos y las posibles vinculaciones mencionadas, con el propósito de mantener una postura coherente frente a la violencia de género.

Además, instó a establecer criterios claros, públicos y consistentes que tengan en cuenta la gravedad de los hechos denunciados, el estado de las actuaciones judiciales, las características del cargo, los posibles conflictos de interés y los riesgos de presión, represalias o revictimización para las denunciantes.

/colprensa

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