La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto perjuicio patrimonial superior a $3.000 millones en un proyecto para recuperar arrecifes coralinos afectados por una enfermedad que provoca la pérdida de tejido de coral pétreo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
De acuerdo con la información entregada por el contralor, Jorge Laverde, la investigación, adelantada por la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en el archipiélago, busca establecer si se produjo un daño a los recursos públicos destinados a la recuperación de estos ecosistemas marinos.
El proyecto se desarrolló mediante un contrato celebrado entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) y la Asociación de Municipios de la Costa, cuyos recursos para su ejecución provenían del Fondo Nacional Ambiental.
Como parte del proceso, el organismo de control vinculó a servidores y exservidores públicos que habrían participado en distintas etapas del contrato, entre ellas la planeación, supervisión, ejecución, control y liquidación. También fue vinculado el representante legal de la entidad contratista.
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