El magistrado Iván Mauricio Lenis, también planteó que las instituciones deben contribuir al ajuste de las finanzas públicas, sin que las reducciones comprometan la prestación de servicios esenciales.
La difícil situación fiscal del país abrió un nuevo debate sobre los recortes presupuestales que deberán asumir las entidades del Estado y los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento.
En medio de esta coyuntura, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis, planteó que las instituciones deben contribuir al ajuste de las finanzas públicas, sin que las reducciones comprometan la prestación de servicios esenciales ni paralicen la administración de justicia.
En entrevista con La FM, Lenis se refirió al presupuesto de la Rama Judicial, el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el derecho a la protesta social y las decisiones que permitieron la libertad de los congresistas Iván Name y Andrés Calle por vencimiento de términos. También respaldó la gestión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y explicó por qué los tiempos de las investigaciones deben analizarse teniendo en cuenta la complejidad de cada proceso.
Corte Suprema pide recursos mínimos para garantizar el funcionamiento de la justicia
El magistrado reconoció que el panorama fiscal exige esfuerzos de todas las instituciones, especialmente ante las necesidades de financiación para recuperar las zonas afectadas por el terremoto. Sin embargo, insistió en que los recortes deben contemplar los recursos indispensables para mantener en funcionamiento al Estado.
“El Estado no se puede paralizar”, afirmó Lenis, al explicar que la Corte Suprema comprende la necesidad de ajustar las finanzas públicas, pero espera que se garantice el presupuesto mínimo requerido para cumplir sus funciones.
Sobre la JEP, el presidente de la Corte señaló que la jurisdicción debe cumplir los plazos previstos para el desarrollo de sus responsabilidades. Explicó que durante el año en curso debería avanzar en el cierre de los macrocasos y en la expedición de las resoluciones correspondientes.
«Este año la JEP debería cerrar los macrocasos y, en el tiempo restante, terminar de emitir las resoluciones requeridas en cada asunto. Desde su creación, se proyectó un número de años pensado precisamente para la etapa de ejecución de las decisiones que quedasen pendientes. Por lo pronto, considero que no se contempla una ampliación de ese término», declaró.
Según indicó, el periodo de funcionamiento fue establecido desde la creación de esa jurisdicción y contempla tiempo adicional para ejecutar las decisiones que queden pendientes. Por ahora, sostuvo, no se contempla ampliar ese término, aunque más adelante deberá evaluarse si resulta necesario utilizar el tiempo previsto para esa fase.
«Lo primordial es que la JEP cumpla con el deber constitucional asignado, logre consolidarse y entregue resultados, para lo cual aún dispone de algunos años», recalcó.
Lenis respalda a la fiscal general y explica los tiempos de investigación
El presidente de la Corte también consideró adecuada la gestión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo. A su juicio, las investigaciones de corrupción y los expedientes complejos requieren tiempo para verificar hipótesis, construir matrices y reunir pruebas suficientes.
«En asuntos sencillos con pruebas contundentes las decisiones se adoptan con rapidez; sin embargo, en expedientes complejos —como los de corrupción, que involucran estructuras cada vez más sofisticadas y múltiples participantes— la indagación toma más tiempo, aunque finalmente la justicia entrega resultados. En cuanto a la fiscal general, consideramos que ha desempeñado una labor adecuada», declaró.
Como ejemplos, mencionó los avances en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las investigaciones sobre fondos mixtos de Sierra Nevada y el caso de Corelca.
«La Fiscalía ha venido respondiendo en investigaciones de alto impacto nacional y en esquemas de corrupción complejos», afirmó.
Precisó que la Corte Suprema no tiene competencia para decidir sobre el lugar de reclusión de Sneyder Pinilla, involucrado en el escándalo de la UNGRD. Explicó que la solicitud del procesado fue trasladada al INPEC y al juez correspondiente, autoridades competentes para estudiar ese tipo de requerimientos.
«Cuando una autoridad judicial interviene en dicha materia —lo cual ocurre de manera excepcional—, se debe examinar el contexto y la finalidad de la medida», dijo.
Frente a la libertad de los congresistas Iván Name y Andrés Calle por vencimiento de términos, Lenis explicó que esa decisión no equivale a una absolución ni implica el cierre de los procesos judiciales.
“Esto no significa que los procesados hayan sido absueltos ni que la causa judicial se haya cerrado”, aclaró. Según explicó, la libertad opera como una garantía cuando las decisiones no se adoptan dentro de los plazos establecidos, pero ambos congresistas continúan vinculados a sus respectivos procesos.
Protesta social y vencimiento de términos: las aclaraciones del magistrado
Otro de los asuntos abordados fue el decreto del Gobierno para regular la respuesta institucional ante las manifestaciones. Lenis recordó que la protesta es un derecho fundamental y que cualquier reglamentación debe respetar las garantías constitucionales.
“La protesta es un derecho universal que debe ejercerse sin temor; puede ser regulado, pero jamás restringido”, sostuvo. Añadió que el decreto, por ser reciente y amplio, requiere un análisis detallado para determinar que sus disposiciones no reduzcan derechos. También señaló que las autoridades cuentan con protocolos para intervenir cuando se presentan hechos violentos y diferenciar a quienes protestan de quienes cometen delitos.
/LA FM
