La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, volvió a pronunciarse sobre la polémica por el retiro de piezas del Museo Nacional de Colombia y las protestas que se realizaron durante el fin de semana en Bogotá. La funcionaria cuestionó a quienes convocaron las movilizaciones, defendió la actuación de la Policía y ratificó que el Gobierno revisará los contenidos de los museos bajo su responsabilidad.
“Durante este fin de semana, quienes convirtieron la cultura en herramienta de deconstrucción histórica, apología del delito y revictimización de las víctimas, llamaron a protestar frente al Museo Nacional”, escribió Holguín en su cuenta de X.
La ministra también afirmó que algunos manifestantes llegaron encapuchados y que otros llevaron menores de edad, a quienes, según ella, “instrumentalizan y usan como escudos”. Sobre la intervención de la fuerza pública, sostuvo que la Policía Nacional cumplió su función de garantizar una protesta pacífica y evitar afectaciones a los ciudadanos y al patrimonio.
En el mismo mensaje, Holguín reiteró que el Gobierno garantizará que el Museo Nacional “conserve, restaure, proteja y divulgue la cultura colombiana”. También insistió en que la revisión de la museografía, la museología y la curaduría se extenderá a los demás museos a cargo del Ejecutivo, con el propósito, según dijo, de promover una cultura que represente a toda la nación.
¿Qué piezas retiraron del Museo Nacional?
La controversia se desató tras el retiro de más de 30 piezas de distintas salas del Museo Nacional, entre ellas Hacer sociedad y Memoria y Nación. Los objetos estaban relacionados con la historia de los movimientos feministas y LGBTIQ+, las víctimas de la violencia política y el proceso de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc.
Entre las piezas reportadas estaban una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado en 1990, y el llamado Balígrafo, elaborado con un casquillo de bala y utilizado durante la firma del Acuerdo de Paz. También se retiraron materiales vinculados con las luchas por los derechos de las mujeres y la diversidad sexual.
La decisión se conoció en medio de la orden de Abelardo de la Espriella de impulsar una “contrarrevolución cultural” y de sus cuestionamientos a representaciones que considera una “apología del terrorismo”. Holguín ha defendido la revisión con el argumento de que el museo no debe ser un instrumento de adoctrinamiento político ni difundir versiones sesgadas de la historia.
Las protestas y los cuestionamientos del sector cultural
El retiro de las piezas motivó plantones frente al museo durante el sábado 17 y el domingo 18 de octubre. Los manifestantes rechazaron la decisión y defendieron la presencia de distintas memorias sociales y políticas en las exposiciones. Durante una de las jornadas, algunos participantes pegaron en el espacio público reproducciones de las obras retiradas, en una intervención que buscaba reivindicar las historias y luchas que deben estar representadas en la institución.
Las movilizaciones también estuvieron marcadas por momentos de tensión y por la presencia de unidades antidisturbios de la Policía. La actuación de la fuerza pública se convirtió en otro punto de discusión, independiente de las preguntas sobre el contenido de las exposiciones.
A las críticas se sumaron seis museos de arte del país, que pidieron que las decisiones sobre las piezas se sustenten en argumentos curatoriales, investigación y diálogo con las comunidades representadas. El debate se centra no solo en qué objetos deben estar expuestos, sino también en quién define esas decisiones, qué procedimientos se aplican y cómo se garantiza la representación de distintas experiencias históricas.
¿Qué falta por aclarar?
En su pronunciamiento más reciente, Holguín afirmó que el Gobierno mantendrá su compromiso con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. También sostuvo que las autoridades deben actuar frente a lo que considera actos que deshonran la memoria de los afectados.
Sin embargo, el mensaje no detalló los criterios específicos con los que se evaluará cada pieza, el procedimiento institucional que se siguió para retirarlas ni si existe una fecha prevista para su eventual regreso a las salas, que sigue dejando una pregunta de fondo de como y que se decide entonces contar de la historia del país.
Esos puntos siguen abiertos en una controversia que enfrenta dos planteamientos: el del Gobierno, que defiende una revisión de los contenidos para evitar el adoctrinamiento y la apología del delito, y el de quienes reclaman transparencia, participación de especialistas y garantías para que las distintas memorias de la sociedad colombiana tengan lugar en el museo.
/caracol radio
