Desde las bancadas del gobierno como las de oposición están a la espera que el gobierno nacional radique en el Congreso de la República el proyecto con el que se tramitará la adopción de un Estatuto Anticorrupción, el cual se ha convertido en uno de los objetivos legislativos de la administración de Abelardo De La Espriella.
La vía libre para que el mismo inicie su trámite en Congreso se dio luego de que esta semana el Consejo de Política Criminal, avalara, por mayoría, que esa norma se pueda discutir. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, fue uno de los primeros que le dio el espaldarazo al mismo, tras considerar que «es una herramienta necesaria, urgente e inaplazable para combatir el crimen organizado y los ataques violentos”. En cuanto a su trámite, Henríquez anunció que su discusión será más rápida si el mismo llega con mensaje de urgencia, a la vez que dará en la plenaria todas las garantías a las bancadas para ser discutido.
El representante del Centro Democrático por Antioquia, Juan David Zuluaga, frente al trámite de esa reforma indicó que “es importante establecer un mecanismo para identificar y clasificar organizaciones y actores señalados de participar en actividades terroristas y establecer medidas que permitan el congelamiento de bienes vinculados a estas estructuras, además de limitar su contratación con entidades estatales, son mecánicos qué necesita el país para frenar la expansión de los grupos ilegales en Colombia».
De acuerdo con lo señalado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en el articulado se crean nuevos delitos y sanciones, endureciendo las consecuencias penales por determinadas conductas, entre ellas los ataques con drones y las agresiones contra la Fuerza Pública.
El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, estima que “era necesario crear mecanismos especializados para coordinar la lucha contra el terrorismo y sus fuentes de financiación, era algo que estaba en mora de realizarse».
En la oposición, el representante del Pacto Histórico por Santander, Camilo Torres, afirmó que «existen asuntos que requieren especial atención como las garantías judiciales, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la protección de las libertades de expresión y protesta pacífica. El desafío jurídico consiste en determinar cómo se aplicarían las nuevas herramientas sin afectar derechos fundamentales ni criminalizar conductas legítimas».
Tras su radicación el proyecto deberá ser discutido en la Comisión Primera y luego ir a las plenarias.
