La Policía Nacional oficializó el cambio de nombre de la unidad encargada de intervenir en disturbios y situaciones de alteración del orden público. Mediante la Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026, la institución estableció la denominación Unidad Nacional Antidisturbios, que reemplaza a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), creada bajo esa denominación en 2022.
La decisión quedó consignada en el acto administrativo firmado por la Dirección General de la Policía, que establece la nueva estructura orgánica de la unidad y las funciones de sus dependencias internas.
La resolución deroga expresamente la Resolución 03684 del 11 de noviembre de 2022, que definía la estructura anterior, y establece un periodo de transición de 90 días para adelantar los trámites administrativos que permitan adoptar la nueva organización.
El artículo transitorio señala que la unidad deberá coordinar con las demás dependencias y unidades comprometidas la implementación de los cambios administrativos derivados de la decisión.
En los fundamentos jurídicos, la Policía hace referencia al derecho a la protesta y a la obligación institucional de garantizar las manifestaciones públicas y pacíficas. La resolución cita el artículo 37 de la Constitución Política, según el cual: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”, y recuerda que las restricciones a ese derecho deben estar expresamente establecidas por la ley.
El documento también incorpora las disposiciones de la Ley 1801 de 2016 sobre el uso de la fuerza policial. En particular, el artículo 166 establece que esta debe ser “necesaria, proporcional y racional” y utilizarse como “último recurso físico” para proteger la vida y la integridad de las personas, prevenir amenazas y superar perturbaciones de la convivencia y la seguridad pública.
Asimismo, la resolución recuerda que los medios de apoyo policial que puedan afectar físicamente a una persona deben utilizarse bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad, de manera temporal y únicamente para controlarla. Su empleo también debe ser informado por escrito al superior jerárquico.
Otro de los aspectos mencionados es la capacitación del personal que interviene en hechos violentos durante manifestaciones. La Ley 2179 de 2021 establece que estos uniformados deben certificarse anualmente en cursos de derechos humanos, uso legítimo, necesario y proporcional de la fuerza y mediación.
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