El Consejo de Estado anuló apartes de siete decretos expedidos entre 2013 y 2016 que limitaban el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial al cálculo de los aportes a pensión y salud de servidores de la rama judicial.
En concreto, la Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó que el Gobierno Nacional excedió los criterios establecidos por el legislador al restringir el alcance salarial de la bonificación judicial que reciben servidores de la Rama Judicial, la Justicia Penal Militar, la Fiscalía General de la Nación y dependencias administrativas de la Rama Judicial.
La decisión se produjo al resolver una demanda de nulidad presentada por Yonis González Guzmán contra disposiciones de los decretos 0382, 0383 y 0384 de 2013; 022 de 2014; 1269 y 1270 de 2015; y 247 de 2016.
Dichas normas establecían que la bonificación constituía factor salarial únicamente para la base de cotización a los sistemas de pensiones y salud, lo que impedía incluirla en la liquidación de otros conceptos laborales.
De acuerdo con la corporación, esa limitación desconoció la finalidad de la nivelación salarial prevista en la Ley 4 de 1992. Según explicó, el propósito no era aumentar únicamente la asignación básica de los funcionarios, sino procurar “un equilibrio respecto a la totalidad de los ingresos percibidos por estos servidores”.
El Consejo de Estado advirtió que la restricción había provocado diferencias en la remuneración total de funcionarios que ocupaban los mismos cargos, cumplían iguales funciones y tenían jornadas equivalentes.
Esto, debido a que varios juzgados y tribunales habían reconocido la bonificación como factor salarial en procesos individuales, al dejar de aplicar las disposiciones cuestionadas por considerarlas contrarias a la Constitución.
La corporación precisó que, aunque el Gobierno tiene facultades para establecer qué pagos se incluyen en la liquidación de prestaciones sociales, esa competencia no es ilimitada, y debe respetar los parámetros fijados por el Congreso y los principios constitucionales que protegen los derechos laborales.
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