La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de nueve años, tres meses y un día de prisión contra el exmagistrado y expresidente de esa corporación José Leonidas Bustos Martínez por su participación en el llamado ‘cartel de la toga’, luego de establecer que intervino en una red que ofrecía torcer procesos por parapolítica a cambio de millonarios pagos y un reloj de lujo.
“Los hechos aquí juzgados son de extrema y cardinal gravedad. No sólo es un asunto en el cual un juez traicionó la confianza en él depositada. Sino que, tal traición ocurrió dentro de una Corporación de cierre y el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”.
Con esa valoración, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Bustos Martínez, quien fue declarado responsable de concierto para delinquir y cohecho propio por su participación en una estructura que buscó favorecer a los exsenadores Álvaro Ashton y Musa Besaile en las investigaciones que enfrentaban por parapolítica ante el alto tribunal.
La sentencia concluyó que Bustos puso su posición como magistrado al servicio de los intereses de los congresistas investigados, recibiendo numerosas cifras y artículos de lujo.
“Sin duda, cuando la justicia se pervierte y se deja seducir por intereses ilegítimos, no solo falla el individuo que la representa, sino que, se quiebra la imagen y la confianza institucional en una rama del poder público”, sostuvo la Sala.
En el caso examinado sobre Álvaro Ashton, la investigación llevó a establecer que el entonces senador acordó pagar $1.200 millones para conseguir una decisión ilegal que archivara su proceso.
Como parte del acuerdo, entregó inicialmente $600 millones. De ese dinero, el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera llevó personalmente $200 millones al apartamento de Bustos, durante la noche. Además, se pudo probar que como parte del acuerdo también recibió un reloj Cartier Ballon Bleu de oro rojo.
En la segunda investigación que involucró al exsenador Musa Besaile, se encontró que este acordó pagar $2.000 millones para conseguir que su investigación no avanzara con normalidad y evitar una orden de captura.
Además, de la condena, el alto tribunal requirió al Gobierno Nacional para que adelante los procesos necesarios para la extradición de Bustos a Colombia, luego de establecer que su permanencia en Ottawa, Canadá “además de comprometer la efectiva ejecución de la pena, deja en vilo la materialización de la respuesta institucional del Estado”.
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