Colombia se ha acostumbrado a resolver su diferencia sobre el asfalto; lo que nació como el recurso supremo de protesta civil ante el abandono institucional, hoy se ha convertido en una táctica recurrente y desgastada: – el bloqueo de vías principales-.
Aunque la protesta social es un derecho fundamental irrenunciable, convertir las carreteras del país en rehenes permanentes está asfixiando la economía local, dividiendo las comunidades, y erosionando la propia legitimidad del reclamo popular.
Cuando una carretera troncal se paraliza, las consecuencias van mucho más allá de las pérdidas financieras para los grandes gremios. El verdadero impacto lo sufre el campesino cuyo producto trabajado se pudre en el camión con el paso de las horas, el enfermo que no logra llegar al centro de salud regional oportunamente y el pequeño comerciante que ve encarecer sus insumos tan urgentes para el desarrollo del sector agrícola.
Paralizar el tránsito no frena al gobernante en su despacho. Castiga de manera directa el ciudadano del común y los círculos tanto laborales como sociales, dependientes de la correcta actividad vial. Para superar este círculo vicioso sin atentar contra la movilización social es indispensable que tanto el Gobierno Nacional como los liderazgos sociales adopten medidas estructurales de cara a esta problemática, pues la mayoría de los cierres viales responden a compromisos estatales incumplidos durante meses o años, con agremiaciones y grupos sociales regionales.
El ministro del Interior y los gobiernos locales deben activar mecanismos permanentes de seguimiento a los pactos territoriales, para intervenir antes de que la comunidad decida tomarse la vía. Es muy importante establecer que ante cualquier manifestación que implique restricción del paso, debe garantizarse por protocolo un carril prioritario libre e ininterrumpido para ambulancias, insumos médicos, alimentos de primera necesidad, transporte escolar o cualquier eventualidad que ponga por encima de los reclamos, los intereses y/o la vida de la comunidad.
Delegar la concertación exclusivamente en comisiones o mesas de diálogo de alto nivel enviadas desde Bogotá genera demora y desgaste. Se requiere dotar de mayor capacidad resolutiva y presupuestal a los gobernadores, alcaldes y defensorías regionales para alcázar acuerdos en el territorio.
El uso de la fuerza debe ceñirse estrictamente a garantizar la libre circulación cuando se vulneren derechos fundamentales de terceros, aplicando protocolos claros de Derechos Humanos establecidos, evitando -como se ha venido presentado en este tipo de protestas troncadas en violentas- la estigmatización de las fuerzas y la misma queja legítima, despolitizando a la vez el uso de las armas, privilegiando la transparencia.
Las carreteras son las venas por donde fluye el sustento de Colombia. Si el país no aprende a tramitar sus desacuerdos mediante el diálogo, el precio de paralizar las arterias nacionales terminará cobrándos
e el futuro de las regiones más vulnerables.
*Exdirector de la Policía Nacional
