En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Fundación WWB Colombia presentó un análisis técnico basado en recientes investigaciones y cifras oficiales que evidencian las profundas barreras que aún enfrentan más de cinco millones de mujeres campesinas en el país para consolidar su autonomía económica.
De acuerdo con datos del DANE entre mayo y julio de 2026, la tasa de ocupación de las mujeres campesinas se situó en un 39,6 %, frente al 76,4 % en los hombres, mientras que el desempleo femenino rural alcanzó el 10,5 %, más del doble del registrado entre los hombres campesinos, que fue del 4,3 %.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024-2025 reveló que el 93,4 % de las mujeres rurales realiza trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. En zonas vulnerables como la región Pacífico, esta carga se traduce en jornadas de hasta 14 horas diarias para lideresas comunitarias y defensoras ambientales, asignando en promedio más de 8 horas y media al día al cuidado no pago.
En materia patrimonial y financiera, el informe destaca que el 63,7 % de los predios rurales de único propietario pertenecen a hombres. Según datos de la Defensoría del Pueblo citados en el documento, aunque las mujeres concentraron el 34,49 % de las operaciones de crédito agropecuario en 2025, solo recibieron el 5,43 % del monto total desembolsado, cifra que descendió al 3,58 % entre las productoras de menores ingresos.
Soraya Husain Talero, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia, enfatizó la urgencia de articular políticas públicas efectivas: «Mientras su trabajo sostiene buena parte de la vida productiva y comunitaria, siguen enfrentando barreras para acceder a la tierra, generar ingresos y decidir sobre sus propios recursos… Avanzar en su autonomía económica es también avanzar en el desarrollo de sus comunidades y del país».
Ante este escenario y la vigencia de la Ley 2462 de 2025 (Ley de la Mujer Rural), la organización propuso cuatro prioridades de acción: reconocer la diversidad territorial, promover la titularidad de la tierra, garantizar una inclusión financiera con autonomía real y redistribuir las cargas del trabajo de cuidado.
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