El Consejo de Estado ordenó avanzar en la formulación de una nueva política farmacéutica nacional que permita mejorar la regulación de los precios de los medicamentos, enfrentar su desabastecimiento y fortalecer la vigilancia en su producción y comercialización.
La orden hace parte de una sentencia del 17 de septiembre de 2026, en la que la Sección Primera del alto tribunal resolvió, con una modificación, los recursos de apelación presentados por la Procuraduría contra una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 12 de diciembre de 2024.
La principal modificación consiste en que la nueva política no tendrá que adoptarse exclusivamente mediante un documento CONPES que actualice el aprobado en 2012.
La corporación señaló que también podrá formalizarse a través de otro instrumento jurídico idóneo, siempre que establezca los lineamientos, las acciones para resolver los problemas identificados y los mecanismos de financiación.
El documento deberá abordar las deficiencias en el control de precios de medicamentos y dispositivos médicos, las dificultades de abastecimiento y las fallas en la supervisión de la cadena farmacéutica.
Entre los asuntos que deberán estudiarse están las alternativas para adquirir medicamentos a menores costos, la promoción de genéricos, las compras públicas, el fortalecimiento de los sistemas de información y el control electrónico de la facturación.
La decisión también mantiene la orden al Ministerio de Salud y al Invima de continuar con el Plan de Respuesta Urgente frente a la crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos.
Además, ratifica las instrucciones dirigidas a la Superintendencia de Industria y Comercio para adelantar las actuaciones de control que correspondan y a la Superintendencia Nacional de Salud para tramitar procesos administrativos cuando compruebe desviaciones de recursos por sobrecostos en la compra o venta de medicamentos.
La acción popular que fue presentada por la Procuraduría cuestionó la capacidad de las medidas existentes para garantizar el acceso equitativo a los medicamentos, controlar sus precios y proteger los recursos públicos destinados al sistema de salud.
Durante el proceso, el Ministerio de Salud sostuvo que el documento CONPES 155 de 2012 ya contenía los lineamientos de la política farmacéutica y que se había iniciado la preparación de una nueva.
Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que no se demostró la existencia de una política pública que ofreciera una respuesta integral a los problemas examinados en el expediente.
