El dragoneante del Inpec, Bryan Rangel Saavedra asesinado en Cúcuta por sicarios en motocicleta.
La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) emitió un comunicado a expresando su rechazo categórico a los recientes ataques sicariales contra integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC en distintas zonas del país.
El pronunciamiento, firmado por su presidente nacional Oscar Robayo Rodríguez, advierte que los homicidios de funcionarios constituyen una amenaza directa contra la seguridad del Estado.
Aunque la organización reconoció el respaldo expresado por el presidente de la República, el ministro de Justicia y el director general del INPEC, enfatizó que los pronunciamientos institucionales deben traducirse en medidas concretas, permanentes y verificables de protección.
Frente a este escenario, la UTP elevó cinco exigencias al Gobierno Nacional:
Mayor presencia y control de la Fuerza Pública: Incrementar el patrullaje de la Policía Nacional en perímetros y vías de acceso a las cárceles, fortaleciendo la inteligencia contra estructuras criminales.
Dotación y protección personal: Garantizar la entrega oportuna de chalecos antibalas certificados, equipos de comunicación y medios de seguridad para toda la guardia según sus niveles de riesgo.
Garantías reales para la labor: Implementar protocolos eficaces de protección y evaluaciones de riesgo que permitan ejercer la autoridad penitenciaria sin intimidaciones.
Investigación y justicia: Pedir celeridad a la Fiscalía General de la Nación para identificar y juzgar a autores materiales e intelectuales de los atentados.
Mesa Nacional de Seguridad Penitenciaria: Convocar de inmediato a los ministerios de Justicia y Defensa, INPEC, Policía, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y sindicatos para definir compromisos y plazos.
«La discusión fundamental no puede desviarse de lo verdaderamente urgente: proteger la vida, fortalecer la seguridad penitenciaria y garantizar condiciones dignas para el ejercicio de nuestra profesión», concluyó el sindicato, cuestionando además de manera directa el uso político de la violencia en el sector y rechazando disputas o protagonismos entre organizaciones gremiales.
CRIMEN EN CUCUTA
Ayer en Cúcuta un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Bryan Rangel fue asesinado cuando se encontraba en una estación de gasolina del barrio Prados del este de Cúcuta, luego de haber terminado su turno en la cárcel Modelo.
El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Pedro José Saavedra, se refirió a los operativos que realizan junto con la alcaldía y la Fuerza Pública. “La Policía Nacional está realizando caravanas de seguridad con la alcaldía, con la fuerza pública en diferentes sectores”, afirmó, y señaló que esas acciones permitieron detenciones en flagrancia por porte ilegal de armas de fuego.
El dragoneante Rangel Saavedra murió tras recibir varios disparos cuando salía de su turno de guardia y se detuvo a cargar combustible en una estación de servicio.
El funcionario se movilizaba en su vehículo particular, un Chevrolet Spark GT gris con placas KJS 156, según los reportes preliminares conocidos en el lugar. Los atacantes lo abordaron de forma sorpresiva y dispararon en repetidas ocasiones a través de la ventana del conductor.
MINJUSTICIA RECHAZA EL CRIMEN
El Ministerio de Justicia y del Derecho coordinará las medidas con el Inpec, la Policía Nacional y el Ejército Nacional. El objetivo es ampliar la presencia institucional en la zona y apoyar las investigaciones en curso.
El ministro Iván Cancino González sostuvo que los ataques contra el personal penitenciario afectan a las instituciones y al Estado de derecho.
El funcionario aseguró que las amenazas no frenarán las tareas de quienes trabajan en el sistema penitenciario. También ratificó el respaldo oficial a los servidores públicos del Inpec.
El asesinato de un funcionario del Inpec en Cúcuta se sumó al ataque armado que dejó gravemente heridos a dos dragoneantes en Barranquilla durante el fin de semana.
Las víctimas del atentado en el barrio San Martín fueron Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín, quienes regresaban a sus viviendas tras terminar su jornada en la Penitenciaría El Bosque.
Los funcionarios se desplazaban en motocicleta cuando dos hombres, que también iban en una moto, los interceptaron. El acompañante de los agresores abrió fuego en repetidas oportunidades.
Los hechos ocurridos en ambas ciudades dejaron, en pocos días, un integrante asesinado y dos más con heridas graves. Los ataques se registraron en medio de alertas por amenazas vinculadas con traslados de personas privadas de la libertad entre centros penitenciarios, que han sido ordenados por parte del presidente Abelardo de la Espriella.
Ante esa situación, el Gobierno nacional y el Inpec anunciaron que reforzarán las medidas de prevención y autoprotección destinadas a sus funcionarios.
