En momentos en que la fuerza pública se alista a atender las distintas jornadas de protesta en las principales ciudades del país, desde el Congreso de la República las fuerzas políticas que hacen de la parte de la oposición anunciaron que demandarán la constitucionalidad del decreto que expidió el martes el gobierno de Abelardo De La Espriella.
Desde la Alianza Verde, partido que está en oposición al jefe del Estado, la senadora Jeniffer Pedraza, radicó ante el Consejo de Estado una demanda fundamentada en cinco motivos contra el decreto. Uno de ellos es que, según la congresista, solo el Congreso, mediante ley estatutaria, es el que puede fijar los casos en que se limita el derecho a la protesta, “hacerlo por decreto debilita la movilización y la división de poderes”.
Sostiene además que “el nuevo decreto convierte el diálogo en una simple “preferencia” y permite saltárselo, también la mediación, incluso cuando no hay violencia. Además, abre la puerta a disolver protestas pacíficas por bloqueos. Esto es un retroceso”. Plantea además que “bloquear una vía no es delito por sí solo, y el Gobierno lo justifica con cifras gremiales que él mismo reconoce como no verificadas”.
Desde el Pacto Histórico, los representantes Laura Daniela Beltrán Palomares y Camilo Torres, de la misma forma demandaron el decreto 1525 de 2026, por considerar que sus disposiciones restringen el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica en Colombia.
La representante Beltrán, manifestó que “demandamos el decreto que acaba de firmar el gobierno de Abelardo De La Espriella, que modifica el decreto 003 del 2021, porque busca limitar la protesta social. El actual gobierno no es ni el Congreso de la República ni la Corte Constitucional, por eso acudimos a estos instrumentos legales”.
Sumado a la demanda, los representantes petristas anunciaron la presentación de una tutela y una solicitud de suspensión del decreto, con el propósito de prevenir afectaciones a los derechos de quienes participan en manifestaciones pacíficas.
El primer vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, al interponer una demanda a la norma, sostuvo que “la Corte Constitucional ha establecido que las restricciones a la protesta deben respetar la reserva de ley y que una manifestación solo puede disolverse bajo condiciones estrictas de gravedad y necesidad. El Gobierno no puede crear nuevas restricciones mediante un decreto”.
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