Los ministros de Justicia, Iván Cancino, y de Interior, Rodrigo Lara, radicaron en el Congreso de la República y con mensaje de urgencia, el proyecto de ley de sometimiento para organizaciones criminales.
La iniciativa es prórroga de la Ley 418 de Orden Público, que en el pasado sirvió como plataforma para la puesta en marcha de los procesos de paz, cuya fecha de vencimiento es el 5 de noviembre.
Penas
El ministro Cancino dejó claro sí habrá un tratamiento penal diferenciado para los integrantes de las estructuras que se acojan a la justicia, pero dejó claro que no habrá penas máximas o mínimas, sino rebaja de sanciones dependiendo de los delitos por los cuales sean juzgados.
“En la ley se habla de un tratamiento penal diferenciado que trae los montos. Durante mucho tiempo se hablaba de penas máximas, de penas mínimas, límites y eso se trabajó en la ley de Justicia y Paz y las leyes de la justicia transicional, pero esto parte de la justicia ordinaria en donde se va a ir bajando la pena hasta en una proporción», dijo.
“Si no ha sido líder de la organización hasta el 50%, si ha sido líder de la organización hasta el 30% y puede haber algo más dependiendo de los aportes”, explicó.
No hay negociaciones
El Gobierno dejó claro que no habrá procesos de negociación con estas estructuras y que no habrá estatus político para ninguno de los miembros de estas organizaciones.
“Ese tema de ocho años o seis años hay demostrado que realmente no tiene una lógica cuando estamos hablando de combatir organizaciones terroristas. Este no es un proceso de negociación, le estamos dando un marco jurídico de acuerdo a la ley ordinaria y de acuerdo al aporte puede ir bajando”, manifestó.
¿Suspensión de órdenes de captura y extradición?
De igual forma, el ministro de Justicia aclaró que no habrá beneficios tales como la suspensión de las órdenes de captura o de extradición que pesen sobre los cabecillas o integrantes de los grupos armados organizados que se entreguen al Estado.
“No se suspenden órdenes de captura, no hay lugares de retención especiales y no hay ninguna posibilidad de que el Gobierno suspensa ordenes de extradición”, afirmó.
“Las personas a las cuales el Estado ya haya gastado recursos humanos y físicos para capturarlas y estén privadas de la libertad, no pueden entrar en este marco de negociación, el Estado ya las tiene en su poder, todo esto es para las personas que están en la ilegalidad y que quieren entrar a la legalidad”, añadió el alto funcionario.
/lafm
