La Sociedad de Activos Especiales, SAE, anunció que, durante septiembre, el país obtuvo $16.053 millones por la comercialización de múltiples inmuebles, incautados en proceso de extinción de dominios, realizados en Santa Marta y otras ciudades del país.
Los bienes comercializados corresponden a casas, apartamentos y locales comerciales, ubicados en Medellín, Bogotá, Santa Marta, Montería, Ibagué, Villavicencio, y Cúcuta entre otras, lo que evidencia el alcance territorial de estas operaciones y la diversidad de activos que la SAE está transformando en recursos para el país.
La comercialización de estos bienes a través de cronogramas de subasta electrónica, se inició con una base de $14.769 millones y alcanzaron un valor de cierre superior en $1.284 millones, equivalente a un incremento del 8,70 % frente al precio de partida.
Las operaciones realizadas van más allá de un propósito comercial: representan un avance en el fortalecimiento del Estado y la generación de impacto social, al transformar los activos bajo su administración, en recursos y valor que contribuyen al cumplimiento de los fines públicos, de acuerdo con su destinación legal.
Cerca de un mes y medio de la posesión de Diana Patricia Bravo Vélez, presidenta de la SAE, dijo que estos resultados hacen parte de la gestión comercial de esta nueva etapa de la entidad y de su propósito de avanzar hacia procesos más eficientes y una administración orientada a la generación de valor.
“Detrás de cada cifra hay un propósito de estado, proteger el patrimonio público, preservar el valor de los activos y lograr que los bienes administrados por la SAE cumplan oportunamente el destino que establece la ley”, sostuvo la presidenta.
La comercialización de estos inmuebles representa un paso en la transformación de bienes vinculados a procesos de extinción de dominio en recursos que pueden retornar a la sociedad y contribuir al fortalecimiento del FRISCO.
Cada operación representa, además, la aplicación de una gestión comercial que busca que los activos no permanezcan inactivos o pierdan valor mientras están bajo administración estatal, sino que puedan avanzar hacia el destino que corresponda de acuerdo con la ley y generar recursos para el país.
El cierre de septiembre reafirma así una premisa de la nueva administración: administrar los activos con disciplina, transparencia y eficiencia para convertirlos en valor y resultados verificables para Colombia.
