En las últimas semanas, la sociedad colombiana ha venido tomando conciencia de la gravedad de nuestro panorama fiscal. El gobierno Petro dejó una economía embriagada con gasto público insostenible, encaminada a un déficit fiscal de aproximadamente 7.8% en 2026 y 9.5% en 2027. Siguiendo esta trayectoria, nuestros niveles de deuda como porcentaje del PIB cruzarán en dos años la barrera del 71% que fija nuestra regla fiscal.
Si llegamos a cruzar ese límite, la credibilidad macroeconómica del país se verá enormemente perjudicada, inclusive arriesgando precipitar un incumplimiento de la deuda soberana. Se desencadenaría una crisis económica del tipo que ha anulado décadas de crecimiento y erradicación de pobreza en otros países de la región, una catástrofe que Colombia ha logrado eludir hasta ahora.
Para nutrir el debate fiscal inminente, elaboré un portal que busca simular la trayectoria aproximada de la deuda bajo diversos escenarios macroeconómicos y de política pública en los próximos trece años. En esta entrega, presentaré algunas de las conclusiones de ese ejercicio, reafirmando la importancia de aumentar el crecimiento como base fundamental de cualquier ajuste.
En primer lugar, asumiendo un crecimiento económico anual del 3% hasta 2040 y una tasa de inflación semejante, busqué simular el efecto agregado de las medidas que hoy dominan la conversación en torno a la deuda. Estas incluyen el ajuste del balance primario por 2,2 puntos del PIB prometido por el ministerio de Hacienda, así como un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar $20,000 millones de dólares de deuda a tasas de interés reducidas, a cambio de una consolidación adicional por 1 punto del PIB entre 2028 y 2030.
También abarcan la venta de la participación de Ecopetrol en ISA, así como una reforma tributaria orientada a ampliar la base de impuestos. Esta última contemplaría la eliminación de exenciones del IVA por fuera de la canasta básica y la extensión del impuesto de renta a quienes devengan ingresos por encima de los 3 millones de pesos. Todas estas propuestas juntas apenas alcanzarían para postergar el problema. Probablemente no romperíamos la barrera del 71% en este gobierno, pero sí alrededor de 2031.
Por otro lado, exploré una serie de medidas de orientación más libertaria, enfocadas en la reducción del Estado y no el aumento del recaudo. Retuve el ajuste del gobierno y el acuerdo con el FMI, complementándolos con una serie de reformas política y legalmente ambiciosas, como la privatización total de Ecopetrol, la venta de propiedad del subsuelo a actores privados, y el congelamiento de salarios y pensiones públicas por encima de los 2 millones de pesos hasta recuperar el equilibrio fiscal. De por sí, este paquete logra postergar la llegada al 71% hasta el año 2033.
Solamente la combinación de todas las políticas mencionadas -sumadas a una contra-reforma pensional, así como el congelamiento de los umbrales del impuesto de renta en pesos fijos- lograría mantener los niveles de deuda por debajo del 71% del PIB hasta 2040, asumiendo que la economía crezca al 3% anual.
No debemos concluir de lo anterior que el problema fiscal no tiene solución, sino que aumentar el crecimiento será esencial. Con una tasa del 6%, los dos primeros paquetes mencionados no solamente mantendrían la deuda por debajo del 71%, sino que la estabilizaría a niveles actuales, mientras que el tercer paquete la llevaría sosteniblemente hacia niveles inferiores al 50%. Por eso resulta tan importante la tarea central del vicepresidente Restrepo: crear las condiciones para volver a crecer.
*Analista
