Un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) encendió las alarmas sobre el rápido deterioro de la seguridad territorial en el país, tras revelar que entre 2023 y el 1 de octubre de 2026 la Fuerza Pública ha registrado 716 ataques con drones ejecutados por grupos armados ilegales.
De acuerdo con el análisis de la FIP, la ofensiva aérea criminal ha experimentado una aceleración crítica en 2026, contabilizando 318 ataques en lo que va del año —un promedio de un evento cada 20 horas—. El 71% de los atentados se concentra en los departamentos de Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander, afectando directamente a 487 personas (31 fallecidos y 456 heridos entre civiles y miembros de la Fuerza Pública).
El documento detalla que el 95% de las acciones ofensivas son perpetradas por el Estado Mayor Central (EMC) de ‘Iván Mordisco’ (72%) y el ELN (23%), estructuras que han evolucionado hacia el uso de drones kamikaze y de tecnología guiada por fibra óptica para evadir los sistemas de inhibición del Estado. Esta modalidad ha puesto en jaque infraestructura estratégica, como el reciente ataque al radar aeronáutico 3D en Candelaria (Valle), y ha forzado la adopción de medidas estatales como el proyecto Escudo Nacional Antidrones, valorado en $6,7 billones.
Ante esta amenaza, la FIP recomendó al Gobierno Nacional priorizar el despliegue de capacidades antidrón en las unidades militares y policiales de zonas apartadas, al tiempo que instó a desarticular los «nodos funcionales» del fenómeno, enfocando la inteligencia estatal en la neutralización de las escuelas de instrucción de «droneros» y sus redes de abastecimiento de insumos.
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