El ente acusador recordó que ambos tienen un preacuerdo de colaboración en el marco del caso de corrupción de la UNGRD y consideró que su traslado a centros penitenciarios representa un riesgo.
La Fiscalía había buscado que se mantuvieran recluidos en guarniciones militares a Olmedo López y Sneyder Pinilla, testigos clave en el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo, al considerar que trasladarlos a centros penitenciarios los ponía en peligro.
En el documento se recordó que los exdirectivos suscribieron un principio de oportunidad que fue legalizado en agosto del año en curso por un juzgado de control de garantías, mediante el cual se comprometió a declarar en contra de 23 personas involucradas en este grave caso de corrupción.
Además, la misiva resaltó que la medida privativa fue dictada el 31 de agosto de 2024, por el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías con el fin de garantizar que los dos testigos estuvieran protegidos y no puedieran ser intimidados en medio de las declaraciones que entreguen.
En el momento de la solicitud, el oficio reportaba que Olmedo López se encontraba en el Centro de Reclusión Militar del Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas, en Puente Aranda, mientras que Sneyder Pinilla estaba en el Centro de Reclusión Militar del Batallón de Artillería, en Usme.
La Fiscalía explicó que este proceso es muy delicado porque involucra a figuras políticas muy poderosas, razón por la que es vital que Pinilla y López estén bajo medidas especiales de custodia en estas guarniciones militares.
Pese al pedido, el 6 de octubre de 2026, Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a la cárcel La Picota por orden del Gobierno que consideró que los delitos por haber robado dineros públicos son graves y deben pagar sus penas como delincuentes.
El escándalo que salpicó a varios políticos
El caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tomó fuerza en 2024, luego de que se conocieran presuntas irregularidades en la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a La Guajira. La Fiscalía señaló que el entramado posteriormente se extendió al direccionamiento de contratos y al supuesto uso de recursos de la entidad para obtener apoyos políticos en el Congreso. Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron los principales colaboradores de la Fiscalía y sus declaraciones permitieron avanzar en varias líneas de investigación.
Dentro de las personas que han sido judicializadas o vinculadas a distintos procesos aparecen, entre otros, los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle; la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz; el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia Carlos Ramón González; el exdirector de Función Pública César Manrique; el exdirector de Conocimiento de la UNGRD Luis Carlos Barreto; y contratistas como Luis Eduardo López Rosero. También han sido investigados otros congresistas y funcionarios, mientras que la situación jurídica de cada uno es diferente. En el caso de Olmedo López, la Fiscalía radicó en abril de 2026 un escrito de acusación por el direccionamiento de contratos.
