El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 234 de 2026, con el que el Gobierno Petro estableció nuevas reglas para que sindicatos y empleadores pudieran negociar condiciones laborales en ámbitos superiores al de una sola empresa.
La decisión se tomó porque, en esta primera revisión, el alto tribunal consideró que el Gobierno “fue más allá de lo que podía regular mediante un decreto”. Según el Consejo de Estado, aunque las leyes laborales permiten que la negociación colectiva trascienda una empresa, no existe una regulación previa suficientemente detallada que autorizara al Ejecutivo a crear por decreto todo el modelo establecido en la norma.
El decreto definía, entre otros aspectos, en qué niveles podían negociar los trabajadores y empleadores, cómo se organizarían las mesas y los pliegos, qué criterios se usarían para determinar la representación de los sindicatos y qué efectos tendrían los acuerdos sobre empresas y trabajadores incluidos en cada sector.
Sin embargo, el Consejo de Estado señaló que dichas decisiones en vez de aportar nuevas reglas para poner en práctica una ley ya existente, lo que hacían era definir cómo funciona el sistema de negociación colectiva y qué derechos y obligaciones tienen quienes participan en él, por lo que debían estar previamente establecidas por una ley del Congreso.
Además, al revisar la Organización Internacional del Trabajo (OIT) utilizados por el Gobierno para sustentar el decreto, encontró que, aunque estos hacen parte de las normas vigentes en Colombia y permiten desarrollar la negociación colectiva, no le dan al Ejecutivo la facultad de asumir asuntos que corresponden al Congreso.
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