La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas de protección para P.J.T.M., un exintegrante del Ejército Nacional y compareciente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por considerar que “sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable”.
De acuerdo con la información entregada por el organismo internacional, el compareciente, quien participa en el Macrocaso 03, Subcaso Costa Caribe, ha entregado información dentro de la investigación sobre los llamados ‘falsos positivos’, y reconoció responsabilidad por 37 homicidios.
Además de eso, sus aportes habrían comprometido a altos mandos militares, involucrados en ejecuciones extrajudiciales. A raíz de ello, y según su propio testimonio, desde el 2023 ha sufrido dos atentados contra su vida, además de intimidaciones y seguimientos.
Uno de los episodios que tuvo en cuenta la Comisión ocurrió el 14 de julio de 2026, cuando una persona entregó al integrante de su esquema de protección un panfleto acompañado de dos cartuchos de munición.
Según la solicitud presentada ante el organismo internacional, el mensaje contenía amenazas y le exigía no mencionar a otras personas ni continuar entregando información a la JEP.
El hecho ocurrió aproximadamente dos semanas antes de una audiencia pública del Subcaso Costa Caribe, en la que se abordaban precisamente hechos relacionados con las investigaciones por ‘falsos positivos’.
La CIDH señaló que distintas entidades colombianas ya habían intervenido frente al riesgo. Entre ellas están la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
En 2026, la evaluación correspondiente calificó el riesgo del compareciente como extraordinario y se ratificó un esquema de protección. Sin embargo, la Comisión advirtió que la suficiencia de esas medidas había sido cuestionada de manera reiterada por el propio agente encargado de su seguridad.
Con base en esos elementos, la CIDH concluyó que la respuesta del Estado no había eliminado el riesgo y que los derechos del compareciente continuaban bajo una amenaza que reunía las condiciones de “gravedad y urgencia” exigidas para conceder medidas cautelares.
Por ello, solicitó al Estado colombiano reforzar las medidas necesarias para proteger su vida e integridad, realizar una evaluación integral de su situación de riesgo y garantizar que pueda continuar compareciendo ante la JEP y entregando información en condiciones de seguridad.
También pidió que las medidas sean concertadas con P.J.T.M. y sus representantes y que Colombia informe sobre las investigaciones adelantadas para esclarecer las amenazas y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
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