Según reveló el ministro del interior, Rodrigo Lara, este trámite se realizará el próximo jueves, para que este organismo realice un análisis técnico y jurídico para emitir un concepto favorable previo a su debate en el Congreso.
El Estatuto Antiterrorista es un proyecto de más de 130 artículos que busca crear nuevas herramientas jurídicas para enfrentar a organizaciones consideradas terroristas, incluyendo mecanismos para identificar sus estructuras y perseguir sus finanzas.
El gobierno nacional alista la presentación del proyecto del estatuto antiterrorista ante el Consejo de política Criminal.
Según reveló el ministro del interior, Rodrigo Lara, este trámite se realizará el próximo jueves, para que este organismo realice un análisis técnico y jurídico para emitir un concepto favorable previo a su debate en el Congreso.
«Cada día se corrobora con pruebas contundentes el carácter terrorista de estas organizaciones. El jueves presentaré en el Consejo de Política Criminal la pócima jurídica que necesitamos para enfrentarlos y derrotarlos: el estatuto antiterrorista», anunció.
Este proyecto que está de la mano de los ministerios de Interior y de Justicia, sería un paquete de herramientas que el gobierno busca tener mano dura para actuar contra los grupos armados ilegales.
La propuesta contempla un sistema de listas para identificar y catalogar como terroristas a determinadas organizaciones, y según lo esperado, una vez incluidas en esas listas, se aplicarían medidas penales y penitenciarias y disposiciones dirigidas contra las finanzas de esos grupos, tal cual se maneja en sistemas de listas utilizados en Estados Unidos, Europa y Naciones Unidas.
Desde el gobierno han insistido en que el país no tiene sanciones proporcionales para tratar jurídicamente a los grupos terroristas, pese a que está tipificado el delito de terrorismo.
«Va a haber fortalecimiento de la inteligencia por parte de una decisión del presidente. Vamos a tener una norma puntual para facilitar la recolección de información de inteligencia, crear órganos especiales en la justicia para enfrentar estas organizaciones. Un estatuto completo y preciso», explicó el ministro Lara.
El Ministro señaló que el mecanismo permitirá establecer quiénes están al mando de las organizaciones, dónde operan y cuáles son las rutas del narcotráfico que utilizan, afectando principalmente al ELN, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y las disidencias de Calarcá y Mordisco.
QUE SE SOMETAN
De acuerdo con Lara, el proyecto cuenta con más de 130 artículos y contempla la creación de una lista de organizaciones terroristas, a las que se aplicarían disposiciones específicas. La iniciativa será presentada este jueves ante el Consejo de Política Criminal.
“Es una pieza que ya tiene más de 130 artículos. Crea, básicamente, una lista de organizaciones terroristas, y de ahí se desprenden normas específicas a esas organizaciones terroristas. Y vamos a atacar particularmente las finanzas de esas organizaciones”, explicó.
Uno de los elementos que destacó Lara es que el Estatuto Antiterrorista establecerá un procedimiento tanto para incluir organizaciones en la lista como para retirarlas de ella.
El ministro señaló que una de las condiciones para que una organización pueda ser excluida será su sometimiento a la ley que prepara el Ministerio de Justicia, encabezado por Iván Cancino.
“Ahí hay un procedimiento garantista para incluir a esas organizaciones, también para excluirlas. Podrán ser excluidas, por ejemplo, cuando se sometan a la ley de sometimiento que está trabajando el ministro Iván Cancino con nosotros, el Ministerio del Interior”, afirmó Lara.
El funcionario explicó que el estatuto está siendo trabajado conjuntamente por los ministerios del Interior, Justicia y Defensa. La definición de las organizaciones que serían incluidas en la lista estará sujeta al procedimiento establecido en la iniciativa y a las autoridades competentes.
ELN Y ACTOS TERRORISTAS
Lara también se refirió al tratamiento que tendría el ELN dentro de este nuevo marco jurídico. El ministro sostuvo que la consideración de una organización no dependería únicamente de la intención de presentarse como una estructura política, sino de las acciones que realice.
“Si una organización comete actos terroristas, como tirarle granadas o tirarle drones o sembrar minas, pues es una organización terrorista que debe ser tratada como tal”, manifestó.
El proyecto también establece que la aplicación de estas medidas deberá realizarse bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario. Entre sus disposiciones se contempla un sistema de listas para identificar a las organizaciones consideradas terroristas y determinar las medidas que podrían aplicarse contra ellas.
Entre los mecanismos incluidos en el proyecto está la posibilidad de establecer cuáles organizaciones podrían ser objeto de operaciones con superioridad aérea, incluida la realización de bombardeos, de acuerdo con las condiciones previstas en la iniciativa y bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario.
RÉGIMEN ESPECIAL
El Estatuto Antiterrorista también contempla un régimen penitenciario especial para los cabecillas de estas organizaciones y medidas de aprehensión de bienes, una figura que el Gobierno diferencia de la extinción de dominio.
Además, el proyecto plantea un aumento de las penas para delitos cometidos por estas estructuras y nuevos mecanismos para perseguir y afectar sus finanzas.
Otro de los componentes está relacionado con las actuaciones frente a asonadas y situaciones en las que estas organizaciones utilicen a la población civil.
Lara también señaló que la iniciativa incluirá disposiciones para enfrentar las estructuras vinculadas con la minería criminal. La propuesta será revisada inicialmente por el Consejo de Política Criminal y, posteriormente, el Gobierno prevé llevarla al Congreso para continuar con el trámite legislativo correspondiente.
