La gobernadora Margarita Guerra puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las inconsistencias encontradas en los registros de la maquinaria amarilla de propiedad del Departamento.
La mandataria denunció penalmente al exsecretario de Infraestructura Efraín Vargas para que responda por el paradero de los equipos
La ubicación y custodia de la maquinaria amarilla adquirida por el departamento con una inversión de $19.000 millones quedó bajo investigación luego que la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, denunciara ante la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades relacionadas con el inventario, entrega, custodia y ubicación de estos bienes públicos.
La denuncia involucra información correspondiente a la gestión del exsecretario de Infraestructura Efraín de Jesús Vargas Corvacho, quien permaneció en el cargo hasta el 31 de julio de 2026 y fue requerido por la actual administración para aclarar información relacionada con el parque de maquinaria.
El origen de los equipos está en una inversión realizada en 2022. Ese año, el Departamento suscribió el contrato 0780-2022 con la Unión Temporal Avanzando por el Magdalena por $18.994.500.000 para adquirir 32 equipos nuevos destinados a conformar junto a otros 16 el Banco de Maquinaria departamental. La compra no es el objeto de la denuncia. El foco de la investigación está en lo ocurrido posteriormente con los equipos y en establecer su ubicación, identificación, custodia y las condiciones bajo las cuales algunos fueron entregados o puestos a disposición de terceros.
El BANCO DE MAQUINARIA
La adquisición incluyó cuatro motoniveladoras, cuatro vibrocompactadores, cuatro minicargadores, cuatro retrocargadores, dos retroexcavadoras de oruga, dos bulldozer, cuatro volquetas de seis metros cúbicos, cuatro tractores agrícolas y cuatro fresadoras o trituradoras de suelo. El banco de maquinaria fue concebido para fortalecer la capacidad del Magdalena en mantenimiento de vías, atención de emergencias y apoyo a los municipios, por lo que se trata de bienes públicos de alto valor destinados a prestar un servicio directo a las comunidades.
Cuatro años después de la adquisición, la actual administración inició una revisión para determinar la situación de los equipos y contrastar la información que aparece en los documentos con su ubicación real. El propósito es establecer si los registros institucionales corresponden efectivamente con la existencia física de los equipos y reconstruir la trazabilidad de aquellos que aparecen entregados o puestos a disposición de terceros.
DIFERENCIAS DE INVENTARIOS
Uno de los hallazgos que llevó a la Gobernación a profundizar la revisión corresponde a las diferencias encontradas entre los inventarios oficiales. Un primer informe reportó 48 equipos, de los cuales 36 aparecían operativos y 12 inoperativos. Posteriormente, otro documento registró únicamente 43 bienes, dejando una diferencia de cinco equipos que quedó pendiente de explicación dentro de la documentación revisada por la administración departamental.
La Gobernación no ha establecido que esas cinco máquinas hayan sido hurtadas, apropiadas o desaparecidas. Lo que existe hasta ahora es una diferencia entre registros que debe ser aclarada y contrastada físicamente. A esta situación se suma que cinco de los 43 bienes relacionados posteriormente no tienen número de serie consignado en los archivos institucionales, circunstancia que dificulta su identificación individual y obliga a reforzar la verificación documental y física del parque de maquinaria.
MAQUINARIA ENTREGADA A TERCEROS
La revisión también encontró referencias a equipos que estarían a disposición de alcaldías, asociaciones, comunidades y contratistas. En estos casos, la administración departamental está verificando los soportes jurídicos que permitan determinar cómo fueron entregados, quién autorizó su salida, cuál era la finalidad de su utilización y quién quedó encargado de su custodia. La revisión busca establecer si cada entrega cuenta con el respaldo documental correspondiente y si actualmente los equipos permanecen en los lugares y bajo las condiciones reportadas.
El objetivo de la Gobernación es establecer la situación individual de cada equipo y comprobar que su permanencia fuera de las dependencias departamentales esté debidamente sustentada. En aquellos casos en los que no exista soporte suficiente o se determine que los bienes deben regresar al control directo del departamento, la administración anunció que adelantará las actuaciones correspondientes para procurar su restitución.
REQUERIMIENTOS AL EXSECRETARIO
Antes de acudir a la Fiscalía, la Gobernación realizó requerimientos de información los días 16 y 25 de septiembre para completar la documentación relacionada con la maquinaria. Sin embargo, el 30 de septiembre la Secretaría de Infraestructura informó al despacho de la Gobernadora y a la Oficina de Control Interno que la información recopilada todavía resultaba insuficiente para establecer con claridad la situación de los equipos.
En medio de esta revisión fue requerido Efraín de Jesús Vargas Corvacho, quien estuvo al frente de la Secretaría de Infraestructura hasta el 31 de julio de 2026, para aclarar información relacionada con el parque de maquinaria y aportar los elementos necesarios para completar la trazabilidad documental. Finalmente, el 2 de octubre la Gobernación formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
La actuación se refiere a presuntas irregularidades y no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad penal contra el exfuncionario. Será la autoridad competente la encargada de establecer qué ocurrió, determinar si las inconsistencias encontradas tienen una explicación administrativa y, de ser el caso, establecer las responsabilidades correspondientes.
“NECESITAMOS SABER DÓNDE ESTÁ CADA MÁQUINA”
La gobernadora Margarita Guerra ha insistido en que la administración no se quedará únicamente con la revisión documental y que será necesario verificar físicamente los equipos. “Como gobernadora tengo el deber de proteger los bienes de los magdalenenses. Encontramos vacíos que no podemos pasar por alto: necesitamos saber dónde está cada máquina, quién la tiene, quién autorizó su entrega, bajo qué documento y en qué condiciones se encuentra”, señaló la mandataria.
Para la gobernadora Guerra, la ubicación física de los equipos es un elemento fundamental de la revisión, especialmente porque se trata de maquinaria adquirida con recursos públicos para atender las necesidades del departamento. Por esa razón, la Gobernadora anunció que se realizarán inspecciones para comprobar la ubicación, identificación y estado técnico de los equipos y contrastar la información documental con la situación encontrada directamente en territorio.
DEL PAPEL AL TERRENO
La Gobernación anunció que las verificaciones físicas permitirán contrastar los inventarios con la realidad y establecer la situación individual de cada máquina. El procedimiento busca determinar dónde se encuentra cada equipo, en qué condiciones está y quién ejerce actualmente su custodia, especialmente en aquellos casos en los que los documentos disponibles no permiten establecer con suficiente claridad la trazabilidad del bien.
La administración también contempla solicitar la restitución de los equipos que permanezcan en poder de terceros cuando la revisión determine que no existe un soporte jurídico suficiente para su permanencia fuera del control departamental. La medida dependerá de los resultados de las verificaciones documentales y físicas que se adelanten sobre cada caso.
“NO PODEMOS CONFORMARNOS CON UN DOCUMENTO”
La mandataria departamental sostuvo que la revisión debe ir más allá de los registros administrativos y llegar hasta los lugares donde supuestamente se encuentran los equipos. “Mientras nuestras comunidades necesitan maquinaria para atender vías y enfrentar las consecuencias de las lluvias, no podemos conformarnos con un documento que diga dónde supuestamente está un equipo. Tenemos que comprobarlo en el terreno y recuperar el control institucional sobre cada bien que pertenece a los magdalenenses”, afirmó Margarita Guerra.
La declaración resume el objetivo de la actual administración: establecer físicamente la ubicación de los equipos y recuperar el control institucional sobre aquellos bienes cuya situación no esté plenamente acreditada. La revisión adquiere especial importancia por el valor económico del parque de maquinaria y por la función que estos equipos deben cumplir en los municipios del departamento.
MAQUINARIA CLAVE PARA ATENDER EMERGENCIAS
La maquinaria amarilla constituye una herramienta fundamental para atender emergencias, intervenir vías y responder ante lluvias, inundaciones y otros fenómenos que afectan a los municipios del Magdalena. Por eso, la Gobernación considera prioritario determinar la situación de los equipos que hacen parte del Banco de Maquinaria y garantizar que puedan cumplir la función para la cual fueron adquiridos.
Se trata de bienes públicos que, además de representar una inversión cercana a los $19.000 millones, fueron destinados a fortalecer la capacidad operativa del departamento frente a las necesidades de sus municipios. De ahí que la actual administración busque establecer con precisión la ubicación, estado y custodia de cada uno de los equipos.
LA FISCALÍA DEBERÁ ESTABLECER LAS RESPONSABILIDADES
Con la denuncia ya formalizada, será la Fiscalía General de la Nación la encargada de adelantar las actuaciones correspondientes y establecer si las inconsistencias detectadas tienen una explicación administrativa o si existen hechos que puedan generar responsabilidades. La investigación deberá establecer también las circunstancias de las entregas a terceros, la documentación utilizada para respaldarlas, la custodia de los equipos y la situación de aquellos bienes cuya ubicación o identificación requiere ser aclarada.
Por ahora, el contrato mediante el cual fueron adquiridos los equipos no es el centro de la denuncia. El foco está en la situación posterior de la maquinaria y en las inconsistencias que la actual administración encontró al revisar dónde están, quién las tiene y bajo qué documentos. La Gobernación continuará con las verificaciones físicas y documentales mientras la Fiscalía adelanta la investigación.
El caso pone bajo revisión la situación de un patrimonio público adquirido por $18.994 millones y obliga a reconstruir, equipo por equipo, la ubicación y custodia de la maquinaria amarilla del Magdalena.
